Según el esquema que analiza el Poder Ejecutivo, el proceso incluye la privatización de activos regulados que hoy están bajo control estatal, habilitada por la Ley Bases, que permite la venta total o parcial de distintas compañías energéticas. Dentro de ese listado aparecen firmas de alto peso en el sistema energético nacional, lo que anticipa un proceso complejo tanto desde lo político como desde lo económico.
Enarsa y la venta de Transener, eje central del plan
Uno de los puntos centrales del programa es la privatización de Energía Argentina S.A. (Enarsa), que posee participación en numerosas empresas del sector. El primer paso es la venta del 50% de Citelec, la sociedad controlante de Transener, la principal transportista de electricidad en alta tensión del país, que opera más de 12.000 kilómetros de líneas.
La operación también implicará el traspaso del control de Transba, la empresa que maneja el sistema de distribución troncal en la provincia de Buenos Aires, además de participaciones en centrales térmicas, parques eólicos y otros activos energéticos. Entre los interesados en la compra aparecen grupos empresarios nacionales vinculados al negocio eléctrico y del gas.
Metrogas, otra pieza clave que el Estado busca vender
Otro de los movimientos relevantes es la venta de la participación de YPF en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, que cuenta con unos 2,5 millones de clientes. La petrolera estatal controla el 70% de la compañía y ya inició el proceso formal para desprenderse de esas acciones, con el objetivo de obtener alrededor de 700 millones de dólares.
La operación se vincula con restricciones legales que impiden que una productora de gas tenga el control mayoritario de una distribuidora, además de la intención oficial de reducir la presencia estatal en el sector regulado.
Nuclear y carbón, también en la lista
El plan de privatizaciones también alcanza al sector nuclear. El Gobierno mantiene vigente la posibilidad de vender parte de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La idea original contemplaba la privatización parcial de la compañía, aunque el proceso se encuentra en revisión tras cambios en la conducción del área.
A su vez, sigue en análisis la venta de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), un complejo minero-energético ubicado en Santa Cruz cuya usina aún no funciona plenamente y que hasta ahora no logró atraer inversores interesados.
Un proceso que redefine el mapa energético
El programa de privatizaciones se suma a otras medidas adoptadas en los últimos meses, como la reprivatización de centrales hidroeléctricas y la venta de activos energéticos estatales, en un contexto en el que el Gobierno busca transformar el modelo del sector con mayor participación privada y menor intervención estatal.
De concretarse, las operaciones previstas para 2026 podrían modificar de manera profunda el mapa energético argentino, al transferir a manos privadas empresas que cumplen un rol estratégico en la generación, transporte y distribución de energía.
