La Patagonia argentina, con su inmensidad y riqueza estratégica, no es meramente un paisaje de postal, se ha ido convirtiendo en un espacio geopolítico de alta complejidad. Los incendios que año tras año devoran miles de hectáreas de bosque nativo no son eventos aislados; son cicatrices que exponen una vulnerabilidad estratégica profunda en el control de nuestro territorio.
06 de febrero de 2026
Por Lic. Luciano Schwindt *
"Los incendios forestales en la cordillera andino-patagónica ya no pueden ser analizados únicamente como tragedias ambientales. En el marco de una tensión geohistórica creciente, el avance del fuego en zonas de conflicto territorial con grupos radicalizados plantea un desafío directo a la integridad del Estado argentino. Proteger nuestros bosques es, hoy más que nunca, defender la soberanía nacional."
La Patagonia argentina, con su inmensidad y riqueza estratégica, no es meramente un paisaje de postal, se ha ido convirtiendo en un espacio geopolítico de alta complejidad. Los incendios que año tras año devoran miles de hectáreas de bosque nativo no son eventos aislados; son cicatrices que exponen una vulnerabilidad estratégica profunda en el control de nuestro territorio.
En el marco de una tensión geohistórica que se remonta a la consolidación misma del Estado nacional, el avance del fuego en zonas de conflicto territorial —específicamente en áreas críticas como el Parque Nacional Los Alerces— plantea un desafío directo a la integridad de la Argentina. Este escenario no solo expone la fragilidad de nuestros ecosistemas, sino que evidencia un peligroso vacío de estatalidad donde la pérdida de control efectivo del territorio abre la puerta a la fragmentación del suelo nacional. Proteger nuestros bosques debe ser, en el siglo XXI, un ejercicio de lo más urgente para la defensa de nuestra soberanía.
Para entender el conflicto actual, debemos mirar hacia atrás. La consolidación del Estado Argentino a fines del siglo XIX integró la Patagonia bajo una sola bandera, pero la vasta geografía y la baja densidad poblacional dejaron zonas con una presencia estatal intermitente. Esta suerte de "vacío de estatalidad" en la zona cordillerana ha sido aprovechada en las últimas décadas por grupos activistas radicalizados que, bajo una narrativa de reivindicación indígena, desconocen la autoridad constitucional y plantean una soberanía alternativa sobre áreas con recursos estratégicos.
Desde la geopolítica, el territorio no admite vacíos. Allí donde el Estado no logra imponer la ley, aparecen actores no estatales que buscan fragmentar la unidad nacional. En este contexto, el uso del fuego adquiere una dimensión alarmante: el incendio forestal se convierte en una amenaza híbrida. No solo destruye biodiversidad, sino que actúa como una herramienta de sabotaje que desconoce y desplaza la presencia del Estado, desgasta a las fuerzas de seguridad y facilita la creación de "territorios liberados" o enclaves fuera del control gubernamental.
La gravedad de esta situación se refleja en una aceleración estadística sin precedentes que desborda cualquier explicación meramente natural. Mientras que en la década de 1990 la superficie afectada promediaba las 50.000 hectáreas, el periodo iniciado en 2020 ya proyecta superar las 200.000 hectáreas quemadas. Solo en 2025 se cuadruplicó la superficie afectada respecto al año anterior, alcanzando un pico crítico que coincide con el aumento de la conflictividad en zonas de frontera. El caso del Parque Nacional Los Alerces es el testimonio más cruel de esta tendencia: el intervalo de recuperación del bosque, que solía ser de veinte años, se ha roto. El parque ha sufrido cuatro incendios de gran magnitud en los últimos dieciséis años, enfrentando hoy, a inicios de 2026, focos que amenazan con liquidar ejemplares milenarios de incalculable valor natural y patrimonial.
Ahora bien, el peligro central para nuestra Seguridad Nacional es la "estatidad paralela". Ciertos grupos, como la RAM y sus vertientes más extremas, utilizan el control territorial para desafiar el monopolio de la fuerza. Si el Estado argentino retrocede ante la violencia o la ocupación ilegal disfrazada de reclamo ancestral, se pone en riesgo la unidad del país. La Patagonia es el reservorio de agua dulce y energía de la Argentina; permitir que su administración se fragmente es aceptar una forma de "balcanización" moderna bajo la influencia de narrativas que, en ocasiones, encuentran eco y financiamiento en organismos internacionales que suelen operar en connivencia con intereses estatales foráneos.
Ante este escenario, la respuesta no puede ser puramente reactiva ni limitarse a la logística de emergencia. Es imperativo que el Estado retome la iniciativa estratégica mediante la reclasificación legal de estos siniestros; los incendios intencionales en zonas de disputa deben ser tratados como atentados a la seguridad interior y crímenes contra la soberanía. Esto debe acompañarse de una presencia estatal permanente y un fortalecimiento del despliegue de fuerzas federales que garantice el orden en las zonas de reserva. Asimismo, distinguir institucionalmente entre las legítimas comunidades indígenas integradas a la Nación y aquellos grupos radicalizados que utilizan la identidad como plataforma separatista para vulnerar el Estado de Derecho.
La soberanía no es un concepto romántico del pasado, sino una praxis cotidiana de ejercicio del poder y protección del bien común. Perder nuestros bosques nativos bajo el fuego de la sedición es perder soberanía sobre el futuro. Defender la Patagonia es defender la integridad de la Argentina, asegurando que el mapa que heredamos siga siendo uno solo, bajo una sola ley y una misma bandera: la celeste y blanca.
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La Patagonia argentina, con su inmensidad y riqueza estratégica, no es meramente un paisaje de postal, se ha ido convirtiendo en un espacio geopolítico de alta complejidad. Los incendios que año tras año devoran miles de hectáreas de bosque nativo no son eventos aislados; son cicatrices que exponen una vulnerabilidad estratégica profunda en el control de nuestro territorio.