Uruguay ensaya un nuevo paradigma de seguridad: la apuesta por una “salida colectiva”

En una región de mano dura, Uruguay propone una salida colectiva a la inseguridad

El diagnóstico de partida es contundente. En lo que va del siglo, Uruguay aplicó el manual clásico contra la inseguridad: penas más duras, más policías, más cárceles. El resultado fue un sistema penitenciario desbordado —con casi 17.000 personas privadas de libertad en un país de apenas 3,5 millones de habitantes— y la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur. Sin embargo, los indicadores criminales no mejoraron y la inseguridad se consolidó como la principal preocupación ciudadana.

Cuando la seguridad se piensa entre todos: el experimento uruguayo

Frente a este escenario, el gobierno de Yamandú Orsi, de centroizquierda, impulsa un cambio conceptual profundo. Coordinado por el académico Emiliano Rojido, el nuevo plan parte de una premisa simple pero disruptiva para la región: no se pueden obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. La iniciativa propone abandonar el cortoplacismo electoral y construir una política de Estado sostenida en el tiempo.

La excepción uruguaya: seguridad pública sin populismo punitivo

Uno de los rasgos más novedosos del proceso fue su método. Entre agosto y noviembre de 2025, los llamados Encuentros por Seguridad reunieron a 79 instituciones de perfiles muy diversos: organismos estatales, partidos políticos, universidades, organizaciones sociales, empresas, sindicatos y actores del sistema judicial. De esos diálogos surgieron 92 propuestas que alimentan el plan final, cuya implementación comenzará en marzo de 2026.

Menos cárceles, más comunidad: el debate de fondo en la seguridad uruguaya

El enfoque es integral. A los problemas “crónicos” —homicidios, violencia de género, armas de fuego y colapso carcelario— se suman desafíos emergentes como el narcotráfico, la trata de personas y el crecimiento explosivo de las estafas digitales. En este último punto, Uruguay ofrece un caso ilustrativo de una tendencia global: las denuncias por fraudes crecieron un 2000% en la última década, desplazando a delitos tradicionales como hurtos y rapiñas.

Armas, cárceles y jóvenes: los ejes de la nueva estrategia de seguridad en Uruguay

Particular atención recibe la cuestión de las armas. Uruguay tiene la mayor tasa de posesión de armas de Sudamérica y casi siete de cada diez homicidios se cometen con ellas. Desde organizaciones que trabajan con adolescentes infractores hasta actores del sector privado coinciden en que el problema no se resuelve solo con más control policial, sino con redes de protección social que ofrezcan alternativas reales a los jóvenes más vulnerables.

Uruguay pone a prueba un enfoque progresista frente a la crisis de inseguridad

La noción de corresponsabilidad atraviesa todo el plan. Para Naciones Unidas, que participa como observador a través de la UNODC, este abordaje multidisciplinario es clave para enfrentar fenómenos complejos como el crimen organizado en países que, como Uruguay, funcionan como territorios de tránsito en las rutas del narcotráfico global.

Más allá de la mano dura: la apuesta uruguaya por una seguridad basada en evidencia

Otro eje central es el sistema penitenciario, descrito por sus propios diagnósticos oficiales como “hipertrofiado” y violatorio de derechos humanos. Con niveles de reincidencia cercanos al 70%, el plan plantea ampliar las medidas alternativas a la prisión y discutir incluso un cupo carcelario máximo, una idea poco habitual en América Latina pero alineada con estándares internacionales.

Seguridad, consenso y largo plazo: la apuesta política del nuevo gobierno uruguayo

Más allá de sus resultados futuros, la experiencia uruguaya ya ofrece una señal política relevante: frente a la tentación autoritaria que recorre la región, existe margen para pensar la seguridad como un problema colectivo, donde el Estado, la sociedad civil y el sector privado asumen responsabilidades compartidas. En tiempos de soluciones fáciles y discursos de mano dura, Uruguay apuesta por algo más difícil —y quizás más eficaz—: gobernar los hechos antes de que los hechos gobiernen a la política.