Fabián Cattanzaro: “Perder Vialidad Nacional es poner en riesgo la vida de las personas”

El Gobierno Nacional decretó a través del boletín oficial la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El DNU 461/2025, publicado el pasado martes 8 de julio, dejó sin empleo a más de cinco mil trabajadores que desde 2024 reclamaban por la reactivación de la obra pública y denunciaban el desguace que se estaba llevando a cabo en las tres entidades.

Con el cierre definitivo de los tres organismos, el poder ejecutivo dispuso la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y será la autoridad de aplicación de las concesiones viales.

La Dirección Nacional de Vialidad era un organismo descentralizado encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar los 43 mil kilómetros de la red vial nacional en Argentina. Su objetivo fue garantizar la conectividad territorial, coordinar obras con las vialidades provinciales y municipales, además de contratar empresas privadas para ejecutar trabajos de gran escala.

En POLITICAR dialogamos con Fabián Cattanzaro, secretario general de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, sobre la disolución del organismo:

¿Qué lectura hacés del decreto?

Nuestra lectura es que este decreto es uno de los puntos finales de la política que comenzó en 2023. Es la conclusión de un proceso que comenzó con la “obra pública cero”, lo que se tradujo en suspender las obras previstas y las que estaban en ejecución, muchas de ellas con un 70 u 80 % de avance. Fue una locura parar todo eso. A eso hay que sumarle que también se detuvo el mantenimiento de la infraestructura.

Es una medida que a los trabajadores y trabajadoras no nos sorprende, porque es lo que prometieron en campaña y lo que ejecutó como política pública desde que asumió. Esto de obra pública cero tiene su impacto sobre las rutas y la vida de toda la población.  

Esto fue el resultado de una combinación entre el ahogo presupuestario y la retención ilegal del impuesto a los combustibles. Decimos “ilegal” porque el Ministerio de Economía no estaba facultado para hacerlo. Entre lo retenido en 2024 y lo que va de 2025, suman casi 400 millones de dólares que deberían haberse destinado al mantenimiento. Pero, como esos fondos tienen una afectación específica, no pueden ser usados de otra manera. Así, permanecen retenidos en el Ministerio de Economía para maquillar un falso superávit.

Sin dudas empeora el cuadro de situación. Es abandonar a los usuarios que circulan por las rutas. Vialidad Nacional buscaba la defensa de la vida, promover un proyecto de desarrollo productivo regional y cuidar que baje la tasa de siniestralidad, que desgraciadamente cada vez aumenta más.

¿Qué se pierde con la disolución del organismo y qué consecuencias trae?

Es perder la instancia de control de calidad, de seguimiento de obra, de verificación de materiales. Vialidad Nacional, es un organismo con 93 años de historia, que acompañó un proyecto de desarrollo del país durante buena parte del siglo pasado. Con el organismo disuelto no sabemos de qué manera continuarán las tareas, ni qué va a pasar con el personal o con las convenciones colectivas de trabajo vigentes.

Perder Vialidad Nacional es poner en riesgo la vida de las personas. Despejamos las rutas con el operativo invernal, el despeje de la nieve, las avalanchas, los desprendimientos rocosos; habilitamos los pasos internacionales, hacemos el control de pesos y dimensiones de los camiones cuidando por un lado la seguridad vial y por otro lado el estado del pavimento. Perfilamos banquinas, estábamos en todas las emergencias, estuvimos en Bahía Blanca, en Campana, en las inundaciones, ponemos puentes de emergencia cuando se rompen las rutas. Eso es Vialidad Nacional, eso es lo que el gobierno nacional decidió desmantelar.

Argentina es un país con las vías férreas destruidas, por lo tanto, las rutas cobran aún mayor importancia. Si el 95 % del transporte de carga va por ruta, y lo mismo ocurre con buena parte del transporte de pasajeros, es evidente que debería habérsele dado alguna prioridad. 

¿Cómo creés que va a funcionar la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte?

Sabemos que la concesión será por 20 o 30 años. Las empresas tendrán la zona de camino para explotación comercial, lo cual es ilegal, ya que la Ley de Tránsito prohíbe instalaciones en esas zonas por razones de seguridad vial. No estarán obligadas a hacer obras nuevas, como ampliaciones, puentes o distribuidores.  Las obras que son indispensables, las seguirá financiando el Estado Nacional. Entonces, ¿para qué cobrarán el peaje? ¿Para cortar el pasto y bachear? Esas tareas las podemos hacer desde el Estado a un tercio del costo y sin cobrarle peaje a la gente.

Ya se realizaron audiencias públicas y están en marcha licitaciones para concesionar 9100 km de rutas nacionales por peaje. A eso se suman los 6500 km ya concesionados desde los años 90. Es decir, se agregarían 2500 km más, en la zona núcleo, donde es rentable el tránsito. Pero la red vial nacional tiene 43.000 km. ¿Qué pasará con los otros 33.000, que no son rentables para los privados? No hay respuesta. Son los tramos que no son rentables, pero que sí permiten llegar a todo el país y a todos los rincones, por lo que Vialidad Nacional es un organismo importante y estratégico a nivel territorial.

Mencionaste el rol federal de Vialidad Nacional ¿Se compromete el federalismo con este desguace? 

La disolución de Vialidad Nacional rompe el federalismo. Vialidad es uno de los organismos más federales: transita las rutas y conecta el país. Su ausencia profundizará las desigualdades entre provincias: aquellas que puedan y quieran sostener sus rutas, lo harán; las demás, quedarán aisladas.

Pongo un ejemplo simple: un gobernador de Córdoba podría decidir mantener las rutas hacia Buenos Aires y el puerto, pero no las que van al norte o al oeste. Ese tipo de decisiones, repetidas a escala nacional, puede terminar seccionando vastos territorios del país.

Para nosotros, Vialidad es soberanía territorial. Acompañó el proyecto de construcción nacional: tener caminos que unan pueblos y regiones, pensar en integración regional y comercial, desarrollarnos como país y, sobre todo, cuidar la vida de quienes transitan nuestras rutas, brindándoles seguridad y condiciones adecuadas de circulación.