El episodio público que encendió la chispa fue la disertación del fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno, quien calificó de “absurdo” aplicar el agravante de asociación ilícita a delitos menores, como robos cometidos por motochorros. Sus palabras desataron una reacción inmediata de los fiscales Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger, que lo denunciaron por intromisión ante el Tribunal de Ética. Detrás de ese enfrentamiento, sin embargo, se esconde una guerra más profunda por el control del aparato judicial cordobés.
Delgado respaldó públicamente a los denunciantes y marcó distancia de su adjunto. Su intervención en aquel momento reavivó la tensión entre las facciones internas del peronismo y volvió a poner en debate la sucesión dentro del MPF: Delgado dejará su cargo en marzo de 2026 y Pérez Moreno, con mandato indefinido, aparece como el principal candidato para sucederlo.
Pero mientras la pelea institucional ganaba espacio mediático, salieron a la luz viejas denuncias contra Delgado. En marzo pasado, el abogado Facundo Garade Panetta presentó un escrito que hoy retumba en los tribunales: lo acusa de mal desempeño, violencia institucional y tráfico de influencias, solicitando su juicio político ante la Legislatura provincial.
El documento describe maniobras que habrían tenido como objetivo intervenir, a través de sus socios en el estudio, de público conocimiento, y abogados allegados, en la causa civil “González Luis Tomás c/ TVF S.A.”. Según la denuncia, Delgado habría intentado beneficiar a una de las partes involucradas, en perjuicio directo de la familia Garade Panetta. También se lo señala por el uso del poder institucional para “amedrentar, difamar y condicionar” a funcionarios judiciales y periodistas críticos.
En paralelo, el entorno del fiscal general quedó bajo la lupa por vínculos personales con casos sensibles: en 2024, dos hermanos de su secretaria privada fueron detenidos por integrar una red policial que robaba droga incautada. Si bien Delgado no fue implicado directamente, el episodio reavivó las sospechas sobre la permeabilidad de su entorno y la falta de controles internos en el MPF.
El Tribunal de Ética continúa analizando la conducta de Pérez Moreno, pero puertas adentro la tensión se siente en cada oficina de Tribunales II. La disputa excede los límites de lo jurídico: enfrenta a dos proyectos políticos dentro del peronismo, dos estilos de liderazgo y dos visiones del poder judicial.
Hoy, Córdoba asiste a una guerra que trasciende los nombres propios. Lo que está en juego no es sólo la conducción del Ministerio Público Fiscal, sino la independencia misma de una Justicia que parece cada vez más atrapada entre lealtades políticas, relaciones personales y silencios estratégicos.
