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Pablo Yedlin: “El número de suicidios ha aumentado en la Argentina de forma espeluznante”

En medio del debate por la reforma de la Ley 26.657, el diputado nacional y médico analizó el crecimiento de los problemas de salud mental en Argentina. Señaló el impacto de la crisis económica, la pospandemia, las redes sociales y las adicciones, además advirtió sobre la falta de profesionales y el desfinanciamiento del sistema.

Por Juan Salguero Simoy ·

Una demanda que crece y un sistema que no alcanza

La salud mental se convirtió en una de las principales problemáticas de la Argentina. El aumento de las consultas, las internaciones, las adicciones y los suicidios expone una complejidad que atraviesa a distintos sectores de la población y que encuentra al sistema público con dificultades para dar respuestas. Según datos de la Provincia de Buenos Aires, una de cada tres personas mayores de 20 años presentó problemas de salud mental en algún momento de su vida. Para el diputado nacional y médico Pablo Yedlin, la dimensión del fenómeno obliga a colocar el tema entre las prioridades de la agenda pública: “La salud mental es un enorme problema, hoy representa más del 25% de la carga de enfermedad. O sea que si vos sumás todos los factores que generan enfermedad, la hipertensión arterial, la apendicitis aguda, las enfermedades infecciosas, la salud mental en ese paquete de la carga de enfermedad representa más del 25%, así que definitivamente es un tema de enorme preocupación”.

Yedlin aportó cifras de la provincia de Buenos Aires que muestran la presión sobre los servicios de atención: “En la provincia de Buenos Aires, las internaciones por salud mental aumentaron 70%. O sea que hay gente que se interna por salud mental en el país, y hay más camas, porque si Buenos Aires no hubiera aumentado sus camas, no hubiera podido tener 70% más de internados. Y en consulta ambulatoria de salud mental en la provincia de Buenos Aires, aumentó 130% las consultas de salud mental. Ese problema existe, ese problema es real”. A escala federal, un relevamiento presentado en el Senado, con información de 14 jurisdicciones que representan al 70,85% de la población, registró un aumento del 23% en las consultas ambulatorias durante el último año y del 42% en las internaciones desde 2023.

El fenómeno también se refleja en los indicadores vinculados con la tasa de suicidios. Un informe del Centro de Investigación de Implementación y Políticas de Salud (CIIPS), publicado en octubre de 2026, registró 5.209 suicidios durante 2025, un 21,6% más que en 2024. El dato se suma a una preocupación que Yedlin describió: “Realmente el aumento en la cantidad de consultas, de internaciones, de adicciones, el número de suicidios ha aumentado en la Argentina de forma espeluznante, transformándose en la primera causa de muerte en jóvenes, superando las muertes por accidente de tránsito”. El diputado aclaró que se trata de un fenómeno global, aunque advirtió que en la Argentina adquiere una dimensión particular por la debilidad de las capacidades de respuesta del sistema sanitario.

Al ser consultado por los motivos detrás de este crecimiento, Yedlin planteó que no existe una única explicación, sino una combinación de factores sociales, económicos y culturales. La pandemia y sus consecuencias, el aislamiento, la incertidumbre, las nuevas formas de comunicación y el deterioro de las condiciones de vida aparecen entre los elementos que pueden profundizar los padecimientos. “La pandemia ha sido un factor desencadenante inocultablemente, la presencia de la muerte frente a la posibilidad inminente, el hecho del encierro, todas estas cosas tienen que haber influido en esto. También la presencia de las nuevas modalidades de comunicación o de incomunicación, o sea las pantallas, las redes sociales, que generan muchísima ansiedad, aislamiento, dificultad en el relacionamiento con la gente”, explicó.

La crisis económica actual ocupa otro lugar central en su diagnóstico. La pérdida del empleo, la dificultad para conseguir uno nuevo y la falta de expectativas de futuro impactan sobre la vida cotidiana y profundizan situaciones de angustia y ansiedad. En ese sentido, Yedlin vinculó la crisis sanitaria con el contexto social y las decisiones políticas: “La crisis que vive la Argentina hoy tampoco les es ajena, o sea la crisis económica, la crisis en donde uno pierde el empleo, la crisis en donde uno sabe que si pierde el empleo la posibilidad de encontrar otro es cada vez más remota”. También advirtió sobre el crecimiento de las adicciones, la disponibilidad de nuevas sustancias y la ludopatía, especialmente entre jóvenes que atraviesan un escenario de incertidumbre y escasas perspectivas.

A esa mayor demanda se suma una estructura sanitaria que, según el diputado, arrastra problemas de financiamiento y distribución de recursos humanos. La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en 2010, establece que el presupuesto destinado a esta área debe alcanzar el 10% del presupuesto total de salud. Sin embargo, el informe del CIIPS señala que para 2026 la asignación nacional a salud mental representa apenas el 1,65% del presupuesto sanitario. Yedlin resumió esa brecha como uno de los principales obstáculos para mejorar la atención: “El problema más grave que tiene el sistema es un tema de desfinanciamiento. La ley prevé, la ley actual prevé, la del 2010, que el 10% del presupuesto de salud debiera ser dedicado a la salud mental. Los presupuestos tanto nacionales como de las provincias no superan el 2%, con lo cual hay una falta de financiamiento”.

La falta de profesionales agrava las dificultades, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos. Yedlin señaló que Argentina cuenta con alrededor de 4.000 psiquiatras, más de la mitad concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que provincias como Tucumán tienen una disponibilidad mucho menor. Frente a ese escenario, destacó la importancia de los equipos interdisciplinarios y del trabajo conjunto entre distintas profesiones: “Nos faltan psiquiatras. Argentina tiene 4.000 psiquiatras en toda la Argentina. Más de la mitad están en el AMBA y hay… Tucumán, nosotros tenemos 70, digamos. Realmente hay pocos psiquiatras. Tenemos sí algunas fortalezas. Tenemos muchos psicólogos. La idea de nuestro sistema debiera ser hacer equipos de salud combinados con psiquiatras”.

La reforma de la ley y el debate sobre el modelo de atención

En este contexto, el Gobierno nacional impulsó una reforma de la Ley 26.657 que comenzó a debatirse en el Congreso. El proyecto propone modificar aspectos vinculados con las internaciones involuntarias, la participación de los profesionales, el abordaje de las adicciones y los mecanismos de atención. El Senado le dio media sanción el 30 de octubre, por 42 votos afirmativos y 21 negativos, y giró el texto a la Cámara de Diputados para su revisión. Durante el tratamiento en la Cámara alta se introdujeron cambios respecto de la propuesta original, entre ellos, se mantuvo la prohibición de crear nuevos hospitales psiquiátricos monovalentes.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con las condiciones para disponer internaciones involuntarias. La normativa vigente contempla esa posibilidad como una medida excepcional ante una situación de riesgo cierto e inminente, con intervención de un equipo interdisciplinario. La propuesta oficial busca ampliar los criterios de intervención y modificar el papel de los profesionales en esas decisiones. Yedlin cuestionó especialmente la versión del proyecto que concentra en la figura médica y psiquiátrica atribuciones que hoy están distribuidas entre distintas disciplinas: “Esta ley deja a los psicólogos de lado y le pone el rol de internación, del alta, todo, a los psiquiatras. No va a haber psiquiatras en la mayoría de los lugares del país. Y aparte esto es un retroceso en sí mismo, porque el médico clínico o el médico como figura hegemónica es la que, sin derivación, podría empezar a decidir, digamos. Es un retroceso a principios del siglo pasado, en algún punto”.

El diputado también rechazó que la modificación de los criterios de internación pueda presentarse como una respuesta suficiente a los reclamos de pacientes y familiares que atraviesan situaciones de crisis. Yedlin explicó que la ley actual ya contempla la internación involuntaria, aunque establece requisitos específicos para resguardar los derechos de las personas. “La internación compulsiva, es verdad que era un pedido de muchas organizaciones de pacientes, sí estaba habilitada en la ley actual, pero requería o requiere, por ahora, porque está vigente, la firma de dos profesionales, un psicólogo, un psiquiatra y alguien más del equipo de salud. Ahora, la ley actual dice que sí o sí tiene que ser un médico-psiquiatra, salvo que no hubiera un médico-psiquiatra que autorice, alguien tiene que autorizar la internación, porque cuando vos tenés una internación compulsiva, o sea, quiere decir el paciente no se quiere internar, vos tenés que tener mucho cuidado de no estar vulnerando los derechos de ese paciente”.

Otro de los cuestionamientos de Yedlin apunta a la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias. Según explicó, la legislación vigente contempla que el Estado nacional brinde apoyo técnico, financiero y económico a las jurisdicciones para garantizar la atención. En su lectura, el proyecto del oficialismo debilita ese compromiso y profundiza una lógica de transferencia de responsabilidades sin los recursos correspondientes. “La ley actual prevé que la Nación generará apoyo técnico, financiero y económico a las provincias para el tratamiento de las patologías de salud mental. Bueno, le sacaron todo eso. Dice la Nación brindará ayuda, pero ya no dice económica, financiera. O sea, hay toda una idea de que las provincias se hagan cargo de todo.” advirtió.

Para Yedlin, el debate parlamentario corre el riesgo de concentrarse en los artículos de la ley mientras quedan relegadas las condiciones materiales necesarias para atender a quienes lo necesitan. La falta de camas, consultorios, dispositivos de atención intermedia, profesionales y medicamentos no se resuelve con una modificación normativa. “Las leyes se pueden cambiar. A mí me parece que estamos discutiendo el texto de la ley, pero si nosotros no tenemos más camas de internación, si no tenemos más consultorios ambulatorios, si no tenemos más dispositivos de medio camino, de lugares de tránsito, porque la verdad es que la situación de internación en salud mental existe, por supuesto, es excepcional, son los menos casos, la mayoría de los pacientes pueden ser ambulatorios, algunos pueden tener dispositivos transitorios o de medio camino que se llama, pero para eso hace falta, insisto, infraestructura, recurso humano, medicaciones disponibles, una serie de elementos que requieren mucho más que el cambio de la ley”.

En su crítica al Gobierno, el diputado enumeró algunas decisiones que, según planteó, redujeron herramientas de atención y acceso a tratamientos: la suspensión del botiquín de salud mental del programa Remediar, la baja de la residencia interdisciplinaria de salud mental y la situación que atravesó el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos. Para Yedlin, esas medidas muestran una contradicción entre la intención oficial de reformar la normativa y la falta de políticas sostenidas para fortalecer la atención. Su conclusión es que el sistema necesita una respuesta integral, con financiamiento, profesionales, infraestructura y continuidad de los tratamientos, antes que una discusión limitada al texto legal. “Con la nueva ley, si no tenemos voluntad política, si no hay decisión de políticas públicas que avancen en los recursos, en las capacitaciones, en los recursos humanos, aunque tengamos una nueva ley no vamos a tener mejores resultados”.

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