Visec parte al campo: rurales santafesinas presionan a la SRA y la Aceitera cierra filas

La discusión por Visec, la plataforma que acredita que la soja y la carne vacuna argentinas cumplen las exigencias socioambientales de la Unión Europea, ya no es solo un cruce entre cúpulas: bajó a las rurales de base. La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) les mandó una carta a las entidades que integran tanto CRA como la Sociedad Rural para que fijen posición formal ante el Consejo Federal de la SRA.

El documento marca el contraste: CRA expresó su oposición a Visec y la Rural adoptó una postura favorable. La carta la firman el presidente de Carsfe, Berardo Vignatti, y su secretario, Diego Alonso.

Una carta para ordenar la interna

Carsfe señala que hasta ahora no se habían hecho públicas objeciones de las rurales que integran el Consejo Federal de la SRA, y que tampoco sabe si plantearon sus diferencias en ese ámbito. Les sugiere que, si presentan una nota ante la Rural, envíen copia a la confederación santafesina.

Vignatti lo resumió con una advertencia a las entidades de doble pertenencia: si participan de las dos, que el reclamo sea equitativo y no apunte solo a una.

Datos, plata y una alternativa provincial

El núcleo del reclamo es quién maneja la información. Para Vignatti, datos que hoy administran solo organismos públicos, como los de ARCA y las existencias de hacienda y movimientos de animales del Senasa, no deberían pasar a manos privadas con posible uso comercial. Los definió como datos «muy sensibles» para una producción.

Carsfe dice dejar la elección de la plataforma en manos de cada productor, pero respalda la iniciativa de Santa Fe para que el Estado provincial use la información que ya tiene y le dé garantías a Europa. Según lo que les transmitieron desde la provincia, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes analizan sumarse. Vignatti agregó que la herramienta santafesina contemplaría los usos que la normativa provincial permite en zonas rojas mediante planes de manejo, algo que Visec, que toma como referencia la ley nacional de bosques, no haría.

El dirigente sostuvo además que la libertad de elegir es relativa. Contó que, en reuniones con frigoríficos, le dijeron que la instrucción era aceptar únicamente Visec. Según dijo, parte de los productores que se sumaron en los últimos 15 días lo hicieron para evitar castigos de precio: mencionó descuentos del 10% en novillos, con una diferencia de entre $15 millones y $18 millones por jaula, y una brecha similar en operaciones con granos.

La defensa de los exportadores

Desde la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), su presidente, Gustavo Idígoras, respondió que el ingreso es voluntario y gratuito para los productores, y que lo financian los exportadores de harina de soja y de carne vacuna a la UE. Explicó que Visec es fruto de cinco años de trabajo entre productores, acopiadores, cooperativas, frigoríficos, la industria de la molienda, la Facultad de Agronomía de la UBA y ONG.

Según Idígoras, quienes responden ante el reglamento europeo son los compradores, que se exponen a sanciones de alrededor del 4% de su facturación y por eso piden trazabilidad a sus proveedores. Afirmó que Visec superó varias auditorías de compradores europeos, que más de 40.000 productores se capacitaron y que más del 99% de los productores agrícolas está en condiciones de cumplir. Recordó también que la Argentina cuestionó durante cinco años el Reglamento (UE) 2023/1115 junto con otros 77 países, en un trabajo que incluyó a Cancillería, Agricultura y la propia Rural.

Lectura política

El conflicto mezcla tres planos: la interna entre CRA y la SRA, la pulseada por el control de los datos productivos y una posible salida estatal desde Santa Fe que le disputa terreno a la plataforma de las cámaras exportadoras. Carsfe obliga a las rurales de doble pertenencia a definirse, y los exportadores sostienen que el sistema es voluntario mientras los frigoríficos, según Vignatti, lo vuelven obligatorio en la práctica. Si otras provincias se suman a la alternativa santafesina, la discusión dejará de ser gremial y pasará a ser una puja por quién certifica las exportaciones al mercado europeo.