Cabildo va por los políticos deudores: sin certificados al día, no cobran por los votos
Dos diputados cabildantes quieren que los candidatos con deudas ante el Estado vean retenido el dinero que reciben por sufragio. El proyecto tiene nombre propio detrás: el de su excompañero de bancada Eduardo Lust.
La bancada de Cabildo Abierto presentó en el Parlamento un proyecto de ley para condicionar el cobro de la contribución estatal por votos a que los candidatos estén al día con el fisco y los organismos de seguridad social. Lo firman los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, y tiene apenas dos artículos.
La propuesta apunta a los partidos, pero el golpe político apunta a los dirigentes que cobran del Estado mientras le deben al Estado.
Certificados antes que cheques
El primer artículo exige a los candidatos titulares que encabezaron listas presentar ante la Corte Electoral certificados que acrediten que no tienen deudas pendientes o que mantienen convenios vigentes. Los documentos corresponden a la DGI, el BPS, el Impuesto de Primaria y el Fondo de Solidaridad.
Si falta alguno, los pagos se retienen de forma automática hasta que el candidato regularice su situación. El segundo artículo fija que la ley rige desde su promulgación y se aplica directamente en los próximos procesos electorales.
Un caso en la mira: el de Lust
Perrone reconoció que la iniciativa nace de la situación de Eduardo Lust, quien fue diputado de Cabildo Abierto en el período 2020-2025. Según los registros públicos y parlamentarios, Lust tenía un embargo genérico de la DGI desde 2017, renovado en 2022 sin constancia de que la deuda se hubiera cancelado. Para el legislador, es inadmisible que quienes representan a la ciudadanía cobren dinero público con deudas pendientes.
Las cuentas que maneja el proyectista son elocuentes. En 2019, con unos 15.000 votos y a razón de cuatro dólares por voto, Lust habría cobrado cerca de 60.000 dólares. En 2024, al postularse a la vez a la diputación, el Senado y la presidencia, el cálculo sube a diez dólares por voto. Entre ambas elecciones, la estimación ronda entre 180.000 y 190.000 dólares, sin que eso derivara en una regularización formal ante el fisco.
Ética para la tribuna
La exposición de motivos aclara que no se busca trabar el financiamiento legítimo de los partidos, sino reforzar la ética en la gestión pública, premiar el cumplimiento de las obligaciones y recomponer la confianza en el sistema político.
Con el proyecto, Cabildo Abierto marca distancia de un exlegislador propio y toma la bandera de la transparencia, un terreno rentable en un sistema donde la plata de la política siempre despierta suspicacias. Queda por ver si el resto de los partidos acompaña una regla que, aplicada a rajatabla, podría alcanzar a más de un candidato.
