El PN va por el fin del tope del 8% a la forestación en Colonia y el FA marca distancia

El Partido Nacional empuja en la Junta Departamental de Colonia un cambio que borra una de las principales trabas a la expansión forestal: el límite del 8% sobre los suelos de mayor productividad. La movida todavía no tiene definición y ya expone diferencias entre los ediles.

La iniciativa ingresó el 24 de setiembre a la Comisión de Legislación y Régimen y propone sustituir los numerales 3 y 4 del artículo 15 de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, vigentes desde 2013. En su lugar, Colonia pasaría a regirse por el Decreto nacional 405/021.

Qué se cambia

Hoy se pueden plantar hasta 100 hectáreas siempre que lo forestado no supere el 8% de los suelos con índice Coneat superior a 88 dentro de la unidad productiva. Para pasar ese porcentaje hace falta una autorización excepcional de la Junta, con estudio técnico previo de un ingeniero agrónomo especializado en forestación del Ejecutivo departamental.

El texto propuesto dice que la forestación de hasta 100 hectáreas “se regirá estrictamente” por el decreto nacional y sus modificativos. Ese decreto creó el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales, en la órbita de la Dinacea del Ministerio de Ambiente, e impone inscripción previa para plantaciones de entre 40 y 100 hectáreas. También fija restricciones por concentración en cuencas, protección de montes nativos, humedales, palmares, roquedales y arenales, y distancias mínimas a cursos de agua. Las de más de 100 hectáreas requieren autorización ambiental previa.

Ahí aparece un hueco: el registro nacional no alcanza a las plantaciones de menos de 40 hectáreas, pero la propuesta departamental las incluye en el mismo paraguas. La redacción no aclara qué procedimiento, si hay alguno, se aplicaría a esos casos.

El FA se despega

El edil frenteamplista Martín Collazo, integrante de la Comisión de Legislación, dijo que no acompaña el cambio y que “en su enorme mayoría, los integrantes del FA tampoco comparten la iniciativa”. Aclaró que la bancada todavía intercambia posiciones para fijar una postura pública.

Su cuestionamiento es doble. Por un lado, sostiene que la comisión se limitó a tomar la referencia del decreto nacional, a instancias de la edil nacionalista Agustina Durquet, sin medir el impacto sobre los suelos del departamento, que según él tienen Coneat promedio de entre 120 y 150 y son especialmente aptos para agricultura y lechería. Por otro, afirma que el proyecto “no pasó por las mesas de desarrollo rural, no tuvo instancias de intercambio con las gremiales productivas ni contó con estudios de impacto”, y que tampoco lo consideró la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

Collazo admitió que armonizar la norma departamental con la nacional “puede parecer razonable desde el punto de vista legislativo”, pero advirtió que no contempla las consecuencias sobre la producción y el desarrollo de Colonia en los próximos años.

Se frena el reloj

El viernes 6 la Comisión de Ganadería, Agricultura, Pesca y Bienestar Animal tenía previsto avanzar hacia una definición, pero no se pronunció. El Partido Nacional pidió extender el plazo para seguir discutiendo, en un clima de diferencias entre los integrantes de la comisión.

La postergación le da aire al oficialismo departamental para ordenar su propuesta, pero también a la oposición frenteamplista para cerrar filas y reclamar el proceso de consulta que, dice, faltó. Con la bancada del FA aún sin postura pública, la discusión sobre quién puede plantar qué en los suelos más ricos de Colonia queda abierta, y con ella el costo político de resolverla sin escuchar antes a los gremios.