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Sábado 7 de noviembre de 2026

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El Senado frena el Súper RIGI y los centros de datos de la Patagonia siguen en papel

El Gobierno vendió la Patagonia como la capital sudamericana de la inteligencia artificial, pero la ley que debía darle el marco quedó empantanada en la Cámara alta. Hay proyectos por hasta US$25.000 millones y ninguno empezó a construirse.

Por Redacción POLITICAR ·

La Argentina quiere subirse a la carrera global por los centros de datos para inteligencia artificial, pero la herramienta que el Gobierno eligió para atraer esas inversiones, el Súper RIGI, está trabada en el Senado. Mientras tanto, los proyectos anunciados para la Patagonia suman cifras enormes y no pasaron de las cartas de intención.

La media sanción de Diputados llegó el 24 de junio. En septiembre, la iniciativa no consiguió dictamen en la Cámara alta y su tratamiento sigue pendiente.

Frío, gas y viento: el imán patagónico

Los desarrolladores miran al sur por una combinación concreta: las bajas temperaturas abaratan la refrigeración, uno de los grandes costos de estas instalaciones. A eso se suman el gas no convencional de Vaca Muerta, el potencial eólico y solar y mucho territorio con poca gente.

En Neuquén, además, juegan el agua del río Limay y la capacidad de la hidroeléctrica Piedra del Águila.

Una vitrina de anuncios sin obras

El proyecto más ruidoso es Stargate Argentina. OpenAI firmó una carta de intención con Sur Energy, la empresa que lidera Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic, para un centro de datos de 500 megavatios y una inversión de hasta US$25.000 millones. Sería el décimo nodo de la red Stargate y el primero de América Latina. OpenAI no pone la plata: compra capacidad de cómputo. Kargieman había dicho que la idea era empezar a construir este año y operar a principios de 2027.

La lista sigue. Pampa Energía contempla abastecer un centro de hasta 500 megavatios junto a la central térmica Loma de la Lata, en Neuquén. La estadounidense FlexDomes analiza 120 megavatios en esa provincia, con US$1.400 millones de inversión inicial. La polaca Green Capital proyecta 300 megavatios en Chubut, con posibilidad de escalar hasta 3.000 apoyada en parques eólicos y solares. El Gobierno, además, se reunió con directivos de Tesla, que evalúa un desarrollo en Neuquén junto a YPF Luz, y de DayOne Data.

Lo que el Súper RIGI no resuelve

El esquema ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de más de US$1000 millones e incluye de manera explícita los centros de datos, la infraestructura digital estratégica, los semiconductores y la biotecnología avanzada. Está pensado solo para actividades nuevas: las ampliaciones de proyectos existentes quedarían afuera.

Pero hay tres problemas que ninguna ley de incentivos arregla por sí sola. Uno es la infraestructura: faltan líneas de transmisión con capacidad suficiente y fibra óptica con la redundancia que estas plantas exigen. Otro es la regulación: no hay normativa específica para centros de datos en materia comercial, impositiva ni ambiental, y el único paraguas hoy es el RIGI vigente, que es un régimen de incentivos y no una regla sectorial. El tercero es la continuidad: representantes del sector señalaron que la estabilidad política y económica es determinante y que debe sostenerse en el tiempo.

A eso se suma el frente local. En la Patagonia, distintas comunidades expresaron preocupación por el consumo de agua y el impacto ambiental, en una región donde el derrame de la actividad petrolera ya es motivo de discusión.

Lectura política

A más de un año del anuncio de Stargate, ningún proyecto entró en construcción efectiva. Las reuniones oficiales y las cartas de intención existen, pero entre eso y una obra en marcha hay una distancia que, en una industria donde conectarse a la red eléctrica lleva años, no es un detalle.

El Gobierno exhibe la agenda de la inteligencia artificial como bandera de inversión, pero depende de un Senado que todavía no le dio dictamen. Y las provincias patagónicas, que ponen la energía, el agua y el territorio, quedan en el centro de un debate sobre quién se queda con los beneficios. La pregunta de fondo es si el país puede pasar de exportar recursos naturales a exportar capacidad de cómputo. Hoy la respuesta depende de reglas que todavía nadie escribió.

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