Defensores públicos rechazan los allanamientos nocturnos y apuntan contra la Corte

La Asociación de Defensores Públicos salió a marcar su posición en la discusión sobre habilitar allanamientos nocturnos: no los quiere. Su secretaria general, Lucía Long, sostuvo que la coordinación de estos procedimientos ya es compleja de día y que se cometen errores, por lo que hacerlos de noche la volvería todavía más difícil.

Long fue más allá de lo operativo y planteó un problema de fondo. Dijo que no se puede habilitar el ingreso de la Policía ante la mera sospecha y que «la inviolabilidad del domicilio es un tema que no podemos abandonar».

Punitivismo en el banquillo

La dirigente advirtió que hay una insistencia en la salida punitiva y no un abordaje del origen de la problemática. Como ejemplo señaló a los niños y niñas que viven institucionalizados.

En ese terreno pidió especialización. Recordó que hace años se reclama una defensoría especializada en infancias y que, en casi todos los casos de vulneración de derechos de menores, la asistencia en las primeras audiencias recae en defensores públicos. Para hacer bien ese trabajo, dijo, hay que reforzar los recursos.

La pelea de fondo: quién manda en la defensoría

Long cuestionó que la defensa pública dependa de la Suprema Corte de Justicia. Afirmó que no tiene independencia ni en la gestión ni en el diseño de las estrategias jurídicas, y que hay muchas disidencias con los jueces, que tienen otra forma de trabajar.

Según Long, la postura que plantea la presidenta de la Corte, Doris Perla Morales, es que la defensoría está más resguardada dentro del Poder Judicial. La asociación piensa lo contrario. Recordó que Uruguay ya fue observado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por ese diseño, con el argumento de que quien defiende no puede estar en el mismo órgano que quien juzga.

También deslizó un reclamo de transparencia: la asociación desconoce el presupuesto que se maneja. Long aclaró que no sabe si hoy el dinero se usa para fines ajenos a la defensoría, pero dijo que existe como antecedente.

Adopciones y saturación

Sobre la recomendación de acortar los plazos de adopción, planteada por un grupo de trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Long dijo que estas iniciativas nacen de la buena voluntad pero no resuelven las dificultades de los procesos. Remarcó que los plazos de institucionalización previos a definir la adoptabilidad ya son muy cortos y no se cumplen.

Agregó que los procesos por vulneración de derechos de niños crecen de forma sistemática en todo el país desde hace años, y que la saturación de los juzgados repercute directamente en el debido proceso de la defensa pública.

La lectura política: la asociación aprovecha el debate sobre la seguridad para instalar su vieja agenda de independencia y recursos. Con el argumento de las garantías, le suma presión a la discusión sobre los allanamientos nocturnos y deja a la Suprema Corte en la incómoda posición de defender un esquema que los propios defensores quieren cambiar.