La OCDE le apunta al Gobierno: con retenciones, el campo sigue financiando al Estado
Un informe sobre 54 países ubica a la Argentina entre los tres que le sacan más al agro de lo que le dan. El organismo le pide a la Casa Rosada buscar otra fuente de recursos y no recortar donde se juega la productividad.
La Argentina sigue en el podio que nadie quiere: el de los países donde el Estado le saca más plata al campo de la que le devuelve. Lo dice la OCDE en un informe que compara las políticas agropecuarias de 54 economías y que deja al país junto a India y Vietnam con «apoyo negativo» a la producción.
El motivo central son los derechos de exportación, que recortan el precio que cobra el productor frente a los valores internacionales. Entre 2022 y 2024, el apoyo al productor fue de -11,9% de los ingresos brutos agropecuarios, un deterioro frente al -8,6% de comienzos de los años 2000.
Un club en el que casi nadie quiere estar
El contraste con el resto del mundo es fuerte. El apoyo total al sector en los 54 países promedió US$842.000 millones anuales entre 2022 y 2024, y tres cuartas partes fueron directo a los productores.
Los que más ponen en el bolsillo de sus agricultores son Suiza, Islandia, Noruega y Corea del Sur, con entre el 40% y el 49% del ingreso bruto agropecuario. Del otro lado de la tabla, la Argentina compite en otra liga.
El reconocimiento y la advertencia
El organismo no le escatima al Gobierno un punto a favor. Valora las reformas de desregulación y simplificación administrativa, la reducción temporal o eliminación de retenciones para varios productos, la flexibilización de trámites de exportación, la digitalización de certificaciones y los avances en trazabilidad ganadera y controles sanitarios.
Pero la lapicera fiscal queda en la mira. La OCDE recomienda dar «mayor prioridad a fuentes alternativas de ingresos fiscales en lugar de los derechos de exportación». Es decir: el Estado todavía depende de un impuesto que el propio organismo considera distorsivo.
El ajuste y la productividad
El segundo frente es menos visible pero igual de sensible. El informe advierte que la caída de la inversión pública en innovación, investigación y extensión rural afecta una de las ventajas históricas del agro argentino.
La agenda de competitividad, plantea, no puede limitarse a discutir retenciones: debería recuperar la inversión en conocimiento, tecnología y prácticas productivas sostenibles. Es un llamado de atención para que el recorte del gasto en organismos como el INTA no termine pegándole a la productividad.
La lectura política es doble. El reporte le da al Gobierno un aval a su rumbo de desregulación, pero también refuerza el argumento del sector agropecuario para exigir una baja definitiva de los derechos de exportación. Y deja una pregunta incómoda para la Casa Rosada: cómo reemplazar esos ingresos sin tocar un ajuste que, según el organismo, ya empieza a afectar la competitividad del campo.
