ASSE desplaza a la cúpula de Salud Mental y admite que el cierre de asilos se atrasó
La nueva directora defiende un giro comunitario y menos medicalizado, pero hereda un compromiso incumplido: la salida de los usuarios de los centros asilares. La estrategia para llegar a 2029 recién estará lista en enero.
Gabriela Suárez llegó en agosto a la dirección de Salud Mental de ASSE tras la salida de todo el equipo anterior, y ahora empieza a mostrar hacia dónde quiere llevar el área. Su plan: bajar la impronta médica, pasar a un modelo comunitario y sacar adelante la externalización de los usuarios de los centros asilares, que ya acumula atraso.
La jerarca sostiene que el plazo de 2029 es alcanzable, siempre que el proceso respete las garantías y los derechos humanos de las personas involucradas.
Cambio de enfoque, misma estrategia
Suárez asegura que el área trabaja con la misma estrategia nacional de salud mental que ya existía antes de su llegada. Según explicó, se retomó ese camino y se reordenaron prioridades, además de sumar el nuevo enfoque.
La directora cuestionó el uso excesivo de medicación, que atribuyó a la falta de otras estructuras de sostén. Planteó que en las consultas los criterios técnicos se diluyen y se salta rápido al fármaco, cuando hay situaciones, como transitar un duelo, que forman parte de un proceso natural. En su diagnóstico social lo resumió así: "Hemos ido a un lugar del no vínculo".
En lo operativo, anunció trabajo en prevención y presencia en los territorios, con acceso simple a las prestaciones, sin listas de espera ni barreras geográficas. También en la protocolización de las consultas, para que los profesionales puedan definir cuándo corresponde derivar a psicología, psiquiatría o trabajo social.
La descentralización, como base
Suárez se apoyó en la ordenanza de descentralización que ASSE puso en marcha a mediados del año pasado. Dijo que los dispositivos pasaron a los territorios y que se recorrió el país a través de las regionales de cada departamento. Para ella, eso abrió un proceso de cambio con atención unificada entre los territorios.
El pendiente: los centros asilares
El punto más delicado es la externalización de los usuarios de los centros asilares, prevista por la Ley de Salud Mental. La jerarca reconoció que el cierre, pensado originalmente para el año pasado, se postergó. Lo atribuyó no solo al presupuesto sino también a trabas jurídicas: la mitad de los usuarios del Vilardebó está ingresada por orden judicial.
El diseño y la estrategia estarán prontos en enero. Suárez insistió en que cada persona necesita un lugar digno donde vivir y definió el proceso como "cuerpo a cuerpo". Recordó que hay usuarios, por ejemplo en el Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial, que llevan décadas internados o prácticamente toda su vida.
Lectura política
Con el equipo anterior desplazado, la nueva conducción de Salud Mental queda expuesta: tiene que mostrar que el giro comunitario es más que un cambio de discurso. El desafío inmediato es la hoja de ruta de enero, que dirá si la meta de 2029 es firme o una nueva fecha elástica. Mientras tanto, la directora marcó la cancha con un doble mensaje: continuidad técnica con lo anterior, pero con otras prioridades y otra mirada.
