Espert va a la Cámara y acusa al juez de usar el lavado para proscribirlo
El exdiputado apeló su procesamiento y el de su consultora, y apunta contra un tramo del fallo que lo vincula con la financiación de campañas. Su defensa sostiene que el juez dio por probado un delito cuya prueba todavía espera.
José Luis Espert salió a dar pelea judicial y política. Sus abogados presentaron dos recursos ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para que la Cámara Federal de San Martín revoque el procesamiento por lavado de activos del 22 de octubre, lo sobresea y le levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
Uno de los recursos también alcanza a Varianza S.A., la consultora que el economista constituyó en 2019 junto a su esposa y que quedó procesada en la misma resolución.
El exhorto que no llegó
El eje de la defensa es una contradicción que, según Espert, el propio fallo admite: el exhorto enviado a Estados Unidos para determinar de dónde salió el dinero todavía no fue respondido. Aun así, sostiene, el juez da por acreditado el lavado. Su planteo es que no está probado el delito previo del que provendrían los fondos.
La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que recibió en enero de 2020 como anticipo de un supuesto contrato de consultoría. La hipótesis judicial es que ese contrato fue simulado y que el dinero se usó para darle apariencia lícita. Espert responde que todo pasó por canales bancarios formales y que no hubo nada oculto: la plata ingresó a una cuenta a su nombre, los vehículos se pagaron con factura o transferencia, y Varianza tenía domicilio en su casa y declaraba los sueldos ante el fisco.
Agrega que el contrato no se presentó ante bancos ni organismos durante cinco años, por lo que no pudo funcionar como pantalla. Como salida alternativa, pidió que se dicte la falta de mérito hasta que se produzcan las pruebas pendientes.
Machado y los organismos del Estado
Otro frente es qué debía saber Espert sobre Federico Machado al momento de recibir el dinero. La defensa recuerda que el fallo se apoya en conversaciones de abril de 2021, quince meses posteriores a la transferencia.
El economista enumera además a organismos que tuvieron contacto con Machado sin detectar irregularidades: la Armada, la UIF, la IGJ, el Banco Central, la ANAC, Migraciones y ARCA. También menciona a personas del ámbito empresarial, deportivo, político y público que lo trataron o usaron sus aviones.
Sobre Varianza, sostiene que nunca facturó a Machado ni a sociedades vinculadas, que no recibió dinero de la operación y que su intervención se limitó a registrar salarios. El fallo mismo la calificó de “escasa relevancia”, pero igual le impuso un embargo de $500 millones.
Embargos y “naturaleza política”
La defensa cuestiona la proporcionalidad de las medidas: el fallo reconoce que no hay riesgo procesal y que Espert se presentó a todas las citaciones, pero fija la prohibición de salida sin plazo y un embargo de $1.000 millones sin explicar el cálculo. Entre los tres procesados, los embargos suman $2.200 millones por una operación de 200.000 dólares.
El tramo más filoso del escrito apunta a los párrafos finales de la resolución, donde el juez menciona el lavado y “la financiación de figuras de un espacio político” y de campañas electorales. Espert dice que nunca fue indagado por eso y que el propio fallo admite que esos hechos se investigan en otra causa, ante otro juzgado. Para él, esa referencia “revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”.
La jugada tiene doble destinatario. En lo judicial, busca que la Cámara desarme un procesamiento que su defensa presenta como armado sobre presunciones. En lo político, instala la idea de persecución y de proscripción mientras la causa por financiamiento de campañas sigue abierta en otro juzgado. Lo que decida la Cámara marcará hasta dónde llega ese relato.
