Milei exhibe en Diputados el recorte de 81.000 puestos y negocia el Presupuesto 2027

El Gobierno de Javier Milei usó la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para exhibir su principal trofeo de gestión: 81.108 puestos de trabajo menos en el Estado nacional desde diciembre de 2023, un 16% de la dotación total. La cifra la presentó Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, en pleno debate del presupuesto 2027.

La exposición funcionó como carta de presentación del oficialismo mientras negocia con los aliados y con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para llegar a un texto en común. La idea es sancionarlo en la Cámara baja a mediados de noviembre.

Un texto que todavía no está cerrado

La rosca sigue abierta. Referentes de dos bloques que suelen acompañar al Gobierno admitieron que «no está cerrado». Se espera que las conversaciones continúen toda la semana, y los libertarios buscan dictaminar lo antes posible.

Cómo se hizo el ajuste

Según el detalle de Fariña, casi 47.000 de las bajas corresponden a personal civil de la Administración Pública Nacional y otras 22.000 a empresas públicas. Solo entre enero y septiembre de 2026 se perdieron cerca de 20.000 puestos.

Más de 6200 empleados aceptaron retiros voluntarios, con mayor adhesión en ANSES, PAMI y Corredores Viales (más de 1000 cada uno), el INTA (más de 800) y Vialidad Nacional (más de 600). Además, el funcionario contó que en 2025 unas 200 personas ingresaron al régimen de disponibilidad, y 38 fueron reasignadas.

El Gobierno también pasó de 117 a 91 organismos y eliminó 26. Los cargos de autoridades superiores bajaron de 307 a 192 y los de alta dirección, de 2476 a 1994, lo que según Fariña implica un ahorro anual de $50.000 millones. Como ejemplo, citó a Vialidad Nacional, donde los cargos jerárquicos cayeron de 1543 a 176: «Nos encontramos con un cargo cada tres personas».

Sistema único de sueldos, combustible y semillas

Fariña anticipó un sistema único de recursos humanos y liquidación de salarios para 2027, para reemplazar los más de 150 sistemas y áreas administrativas que hoy conviven en el Estado. También dijo que se terminó la obligación de comprar combustible solo a YPF, lo que permitiría ahorrar $7000 millones en 2027.

Por su parte, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anunció una nueva ley de semillas para reforzar la propiedad intelectual y atraer inversiones al agro. El proyecto se negocia con entidades rurales, productores y semilleras, con la meta de lograr consenso antes de enviarlo al Congreso.

Cacace sostuvo que el principal reclamo de los socios comerciales son las barreras no arancelarias. Aseguró que, tras derogar una resolución de 2012, las patentes aprobadas por el INPI pasaron de 60 a 120 por mes, y las vinculó con un centro de ensayos clínicos de Pfizer y un memorándum por US$8000 millones. Anticipó además que se seguirán revisando las regulaciones del Senasa y la Anmat.

Lectura política

Con los números del recorte sobre la mesa, el oficialismo busca llegar a la negociación presupuestaria con un relato de gestión sólido y reforzar su discurso de reforma del Estado ante los aliados. La ley de semillas, en cambio, apunta a otro frente: ordenar el vínculo con el sector agropecuario antes de que el proyecto pise el recinto. Lo que falta definir es cuánto le costará al Gobierno el apoyo de los bloques que todavía no cierran el acuerdo.