Caputo retrocede en la Ley Malvinas y recorta las sanciones para destrabar el dictamen

El Gobierno aceptó rehacer buena parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, para sacarla del freezer. El cambio más sensible toca el artículo que fija las sanciones a las empresas que operen en las islas, y llega después de las objeciones de Estados Unidos y de la falta de firmas aliadas para dictaminar.

Este martes el proyecto vuelve a un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. La idea del oficialismo es afinar el texto, conseguir dictamen y dejarlo listo para el recinto lo antes posible.

Menos castigo para filiales y accionistas menores

Según los cambios que se conocieron, las sanciones quedarían limitadas a las compañías que operen ilegalmente en el país, ya sea de forma directa, como proveedoras o como accionistas directas de la iniciativa. Quedarían afuera las subsidiarias, las filiales y los accionistas sin una participación relevante en las exploraciones.

Las multas irían de dos a cuatro veces el beneficio obtenido. Cuando ese monto no pueda determinarse, la sanción oscilaría entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, el doble de lo que preveía el texto original.

La Casa Blanca había expresado su inquietud porque las penas alcanzaran no solo a las firmas que operan en Malvinas, sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. La mira está puesta en las empresas del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, que impulsan la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y en sus socias de otros emprendimientos.

Landau y los aliados, un doble freno para Caputo

El texto original llevaba el sello de Santiago Caputo, que tuvo que ceder ante Washington y también ante los bloques aliados. La visita del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, había alimentado la posibilidad de congelar la iniciativa.

Las modificaciones se empezaron a analizar en una reunión del asesor y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario Adrián Pagán. Allí recibieron aportes de diputados del PRO, el MID, la UCR e incluso del peronismo.

Consejo de Seguridad, Congreso y prensa

El Ministerio de Seguridad se incorporaría como miembro permanente al Consejo de Seguridad proyectado. El texto original lo dejaba afuera, y en el Congreso vincularon esa exclusión con las tensiones internas entre un sector del Gobierno y Patricia Bullrich, ex titular del área. También se propone una comisión bicameral de seguimiento y control del Consejo.

Además, la Casa Rosada aceptaría una sugerencia del diputado Eduardo Falcone, del MID: que acciones militares drásticas, como el derribo de aviones o el hundimiento de buques hostiles, requieran autorización del Congreso y no queden en manos del Presidente o del ministro de Defensa.

El artículo 111, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado o agente extranjero, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva, también cambia. Se excluyen la actividad periodística, la académica y el debate público, tras los cuestionamientos de ADEPA por la ambigüedad de conceptos como «desinformación».

Sigue sin definirse el capítulo de infraestructuras críticas. El Gobierno analiza redefinir el texto, que pone en manos de propietarios y operadores públicos y privados las medidas de protección, con aval del Consejo de Seguridad. En principio se precisarían la definición y las responsabilidades de las provincias.

Lectura política

La reescritura deja a Caputo con menos margen del que pretendía y muestra que, para llegar al recinto, la Casa Rosada necesita tanto la bendición de Washington como la firma de sus aliados. Con los cambios, el oficialismo apuesta a cerrar el dictamen y llegar a la próxima sesión con un texto más negociado y menos propio.