La Corte deja firme el golpe a las retenciones de 2008 y el campo va por el artículo 755
Con un fallo favorable a Louis Dreyfus ya firme, la Federación Agraria le exige al Congreso que le quite al Ejecutivo la herramienta con la que se movieron las alícuotas. Los exportadores celebran y hablan de seguridad jurídica.
La Corte Suprema rechazó el recurso de la Aduana y dejó firme una sentencia que obliga al Estado a devolverle plata a la cerealera Louis Dreyfus Company (LDC) por retenciones cobradas en 2007 y 2008. Con ese fallo en la mano, la Federación Agraria Argentina salió a pedir que el Congreso derogue el artículo 755 del Código Aduanero, la norma que distintos gobiernos usaron para tocar los derechos de exportación.
La presidenta de la entidad, Andrea Sarnari, lo planteó como una revancha histórica: «La Justicia nos vuelve a dar la razón».
Qué dejó firme la Corte
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron el rechazo del recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Ese mecanismo permite desestimar un planteo sin entrar en el fondo, así que el máximo tribunal no se pronunció sobre la validez de las retenciones cuestionadas.
Lo que quedó firme es una sentencia de mayo de 2025 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Esa Sala declaró inválidas varias resoluciones ministeriales de 2007 y 2008, entre ellas la 125, y ordenó devolver a LDC las sumas reclamadas, con intereses.
El nudo: la reserva de ley
La Cámara consideró constitucional el artículo 755, pero insuficiente por sí solo para respaldar esas alícuotas. Ni la norma ni la Ley de Ministerios fijaban una escala, un piso, un techo u otro parámetro para determinar cuánto se podía cobrar. Además, las resoluciones nunca recibieron una ratificación posterior del Congreso. Por su naturaleza tributaria, concluyó, los derechos de exportación están sujetos al principio de reserva de ley.
El monto final se definirá en una liquidación en el Tribunal Fiscal de la Nación, donde nació la causa. Se calculará operación por operación: la diferencia entre lo pagado y lo que habría correspondido con una alícuota del 20% en el caso del trigo, más los intereses fijados en la sentencia.
El campo pide ley, los exportadores piden previsibilidad
Sarnari recordó que la Corte ya había sentado el principio en 2014, en el caso Camaronera Patagónica, y sostuvo que la lucha contra la 125 no era solo contra alícuotas «exorbitantes» sino por la defensa institucional: los impuestos «deben establecerse por ley del Congreso, no por decisiones discrecionales de un gobierno». Advirtió que los productores chicos y medianos no pueden quedar expuestos a cambios tributarios de un día para otro ni esperar décadas de juicios.
Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, la cámara que reúne a aceiteras y exportadores de cereales, coincidió en que el fallo «brinda seguridad jurídica», sienta un nuevo precedente y refuerza la idea de que el Ejecutivo necesita al Congreso para modificar los derechos de exportación.
Lectura política
Por una vez coinciden la entidad más combativa del campo y las grandes exportadoras: las dos quieren que la lapicera de las retenciones deje de estar solo en el Poder Ejecutivo. La derogación del 755 empuja la discusión al Congreso, donde cualquier cambio de alícuotas exigiría una negociación con bloques y gobernadores. Al Gobierno de turno le recorta margen de maniobra sobre una de sus palancas de recaudación, y a las cerealeras les abre la puerta a reclamos por otros períodos.
