El PRO presiona para sembrar al costado de rutas nacionales, pero Transportes no se reúne
Un proyecto que podría habilitar más de 50.000 hectáreas para la producción agrícola sigue sin dictamen en Diputados. Su autor reclama que se convoque a las comisiones y asegura que hay respaldo de varios bloques.
El PRO quiere que Diputados destrabe un proyecto para volver a permitir la siembra en terrenos públicos junto a las rutas nacionales, una práctica que estuvo habilitada hasta 2008. La iniciativa, presentada a principios de año, calcula que se podrían sumar más de 50.000 hectáreas a la producción, pero sigue esperando que se reúnan las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda.
Ya hubo una reunión informativa, pero el trámite quedó frenado antes del dictamen. El autor del texto, el diputado Javier Sánchez Wrba, sostiene que la Comisión de Transportes lleva tres meses sin reunirse y atribuye la demora a una cuestión de agenda.
Un reclamo con sello de consenso
Sánchez Wrba insiste en que el proyecto tiene respaldo del oficialismo, de la UCR, del MID y de otros bloques. «Es un tema que, además, tiene consenso con el oficialismo», afirmó. También se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para conversar sobre la propuesta.
La presión apunta a las comisiones: si hay acuerdo entre tantos bloques, el único escollo sería que alguien convoque a la reunión.
Qué cambia y quién cobra
El proyecto permitiría sembrar cereales, oleaginosas y pasturas en franjas de terreno público contiguas a las rutas. Quedan afuera las banquinas y los espacios que deben mantenerse libres por seguridad vial. Según el diputado, de los 40.000 kilómetros de la red nacional saldrían más de 50.000 hectáreas aprovechables. Con soja, calcula más de 120.000 toneladas adicionales.
Los productores con campos linderos a las rutas tendrían prioridad, pero deberían pasar por convocatorias públicas y pagar por el uso. Los permisos serían por tiempo determinado y renovables, con obligación de no afectar la circulación, la visibilidad ni el mantenimiento. Lo recaudado iría al mantenimiento de las rutas no concesionadas; en las concesionadas, los ingresos pasarían a integrar los contratos.
La sombra de la 125
El esquema existió entre 1996 y 2008, cuando Vialidad Nacional otorgaba los permisos. Sánchez Wrba recordó que Cristina Kirchner lo dio de baja en plena pelea con el campo por la resolución 125. El proyecto busca anular esa resolución de Vialidad. Sus fundamentos mencionan además que la provincia de Buenos Aires ya tiene una ley que permite producir en terrenos junto a rutas y caminos provinciales.
Lectura política
El PRO encontró un tema de bajo costo político, con guiño al interior productivo y a la agenda desreguladora del Gobierno. Además le permite marcar la diferencia con una decisión de la era kirchnerista. La discusión de fondo es de gestión legislativa: el dictamen depende de quién fije la agenda de las comisiones, y el reclamo público apunta a eso.
