El campo pide al Congreso quitarle al Ejecutivo la lapicera de las retenciones
Con un fallo de la Corte que quedó firme a favor de una cerealera, la Federación Agraria sale a cobrar una vieja pelea y exige derogar la norma que habilitó cambios de alícuotas por decreto. El reclamo pone presión sobre el Congreso y sobre cualquier Gobierno que quiera mover los derechos de exportación sin pasar por el Parlamento.
La Federación Agraria usó un fallo judicial para reabrir una discusión de fondo: quién tiene la facultad de fijar las retenciones. Su presidenta, Andrea Sarnari, pidió que el Congreso derogue el artículo 755 del Código Aduanero, la norma en la que se apoyaron distintos gobiernos para subir o bajar los derechos de exportación sin una ley específica.
El disparador es la decisión de la Corte Suprema, que dejó firme una sentencia favorable a la cerealera Louis Dreyfus Company por retenciones cobradas en 2007 y 2008. Para la entidad, es una reivindicación de su pelea contra la Resolución 125. «La Justicia nos vuelve a dar la razón», celebró Sarnari.
Qué hizo la Corte y qué no
Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la Dirección General de Aduanas con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Es el mecanismo que permite descartar un planteo sin entrar en el fondo. Por eso el máximo tribunal no se pronunció sobre la validez de las retenciones y lo que quedó firme es la sentencia de mayo de 2025 de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Esa Cámara había declarado inválidas varias resoluciones ministeriales de 2007 y 2008, entre ellas la 125, y ordenó devolver a la empresa lo reclamado, con intereses.
El artículo 755, en el centro
El razonamiento de la Cámara no tumbó la norma: la consideró constitucional. Pero entendió que, por sí sola, no alcanza para sostener las alícuotas. Ni ese artículo ni la Ley de Ministerios fijaban una escala, un piso, un techo u otro parámetro, y el Congreso tampoco ratificó después las resoluciones. Como los derechos de exportación son un tributo, rige el principio de reserva de ley.
El artículo 755 faculta al Ejecutivo a aplicar, eliminar o modificar esos derechos para fines como proteger la producción nacional, estabilizar los precios internos o atender las necesidades de las finanzas públicas. Sarnari sostiene que derogarlo sacaría de la mesa una de las principales fuentes de litigio y remarcó que los pequeños y medianos productores no pueden quedar expuestos a cambios tributarios de un día para otro.
La plata y el respaldo del sector
El monto a devolver todavía no está definido. Se calculará en una liquidación final en el Tribunal Fiscal de la Nación, operación por operación: la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que habría correspondido con una alícuota del 20% en el caso del trigo, más los intereses fijados en la sentencia.
La titular de la FAA enlazó el caso con el precedente «Camaronera Patagónica», de 2014, en el que la Corte ya había aplicado el mismo criterio. Del lado de la industria, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, valoró que el fallo aporta seguridad jurídica y consideró que refuerza la idea de que el Ejecutivo necesita al Congreso para tocar las retenciones.
Lectura política
La Mesa de Enlace consigue un doble mensaje: una revancha simbólica sobre la 125 y un argumento para condicionar a cualquier administración que tenga la tentación de usar las retenciones como herramienta fiscal rápida. Cerealeras y entidades rurales, que no siempre coinciden, quedan alineadas en el reclamo de previsibilidad.
La pelota pasa ahora al Congreso. Derogar el 755 le quitaría al Poder Ejecutivo una lapicera clave en materia fiscal, y por eso es difícil imaginar que un oficialismo, de cualquier signo, la regale sin negociar. Mientras tanto, la Aduana enfrenta el costo de devolver lo cobrado, y el fallo deja abierto el riesgo de nuevos reclamos de otras exportadoras por las mismas resoluciones.
