La Fiscalía le pone techo de 15 años a Peña, que cae preso y sin partido
Destituido por el Senado, expulsado de la ANR y con Horacio Cartes mirando para otro lado, el ex presidente queda solo frente a la causa Ueno Bank. Pedro Alliana asume con la tarea de cerrar el mandato hasta 2028.
Santiago Peña podría ser condenado a hasta 15 años de cárcel por el caso Ueno Bank. Lo planteó la fiscala Verónica Valdez, que fijó la expectativa de pena sobre el ex presidente, hoy en prisión preventiva tras ser destituido en juicio político.
La cuenta surge de la imputación por lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. Al tratarse de más de un hecho punible, se aplica la figura del concurso. «La pena máxima que podría ser aplicada conforme a las calificaciones que ahora están previstas es de hasta 15 años», afirmó Valdez en conferencia de prensa.
De la Presidencia al Regimiento Guardia Presidencial
La caída fue veloz. El Senado lo declaró culpable de mal desempeño el viernes pasado y, apenas concluido el juicio político, Peña fue detenido y llevado ante la Fiscalía. Un día después, un juez dispuso su prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial, en Asunción.
La acusación sostiene que intervino en decisiones sobre la colocación, renovación y permanencia de fondos de entidades públicas y previsionales en Ueno Bank. La investigación revisó depósitos millonarios que organismos del Estado enviaron a esa entidad durante su gestión.
Acciones, bonos y una venta a destiempo
Los fiscales marcan además un vínculo económico previo con Ueno Holding. Peña tenía el 1,58 % del capital, un certificado de depósito de ahorro en Ueno y un bono de Itti, firma del Grupo Vázquez. Vendió su participación en marzo de 2025, ya como presidente, un dato que ocupó un lugar central en el proceso político.
Tanto Peña como el ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, se abstuvieron de declarar en la indagatoria. Valdez recordó que es un medio de defensa y que cualquiera de los dos puede pedir una nueva audiencia. La calificación puede cambiar, y con ella la pena.
La causa suma a otras 27 personas, entre ellas ocho ex directivos del banco. El fiscal Francisco Cabrera indicó que ellos enfrentan hasta 12 años de prisión. La Fiscalía también analiza registros de cámaras sobre vehículos que habrían entrado y salido de la residencia de la familia Peña Ocampos, con presunta participación de personal militar. «Es una operación técnica», dijo Valdez, y aclaró que todavía no hay nada definido.
El Partido Colorado le cierra la puerta
El golpe partidario llegó en simultáneo. El Tribunal de Conducta de la ANR lo expulsó por la «deshonra provocada al pueblo paraguayo» y por considerar reprochables las conductas expuestas en el juicio político.
El dato de fondo es quién soltó la mano. Peña entró al coloradismo en 2016 de la mano de Horacio Cartes, que luego lo hizo ministro de Hacienda. Ese mismo Cartes retiró su respaldo y acompañó el juicio político que terminó con la destitución.
Alliana hereda el tablero
Con Peña fuera, el vicepresidente Pedro Alliana juró como presidente y debe completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028. Gobernará con un Partido Colorado que se sacó de encima al jefe caído y con una causa judicial que todavía puede tocar a otros nombres del círculo de poder.
La lectura política es nítida. Cartes y la ANR eligieron cortar el cordón antes de que el escándalo arrastre al resto del partido, y la Fiscalía deja claro que no habrá trato de excepción para quien hasta hace días era comandante en jefe. Lo que falta saber es hasta dónde llega la investigación sobre los fondos públicos depositados en Ueno.
