Amarilla se defiende de los cuestionamientos y le factura a Peña su caída por ambición
La senadora liberal contesta a quienes la atacaron por haber acompañado al inicio el plazo de defensa que pidió el expresidente. Mientras tanto, el Congreso recibe proyectos de la Contraloría y un pedido de cooperación con Estados Unidos por Ueno Bank.
La senadora liberal Celeste Amarilla salió a responder a quienes la cuestionaron por haber estado de acuerdo, en un primer momento, con las 72 horas de plazo que reclamó Santiago Peña para defenderse en su juicio político. Su respuesta combinó una declaración de lástima con un reproche político directo al expresidente.
Amarilla dijo que le da pena Peña porque lo conoce desde chico, pero enseguida marcó la diferencia: según ella, él se jugó por el Partido Colorado y ella nunca se movió de su lugar. Y remató que ahora le toca hacerse cargo de lo que, a su juicio, destruyó en su propia vida.
El antecedente que exhibe
Para blindarse de las críticas, la legisladora repasó su recorrido en los juicios políticos que votó: el de la exfiscal Sandra Quiñónez, el del expresidente Mario Abdo y el más reciente, contra Peña. Es decir, no acepta que se la presente como blanda con el poder de turno.
También ensayó una explicación sobre el ascenso y la caída del exmandatario. Recordó que en las elecciones de 2023 ganó con el perfil de economista preparado y con muchos títulos, y consideró que el poder lo desbordó. “Creo que el poder les corrompe más rápido a los outsiders”, afirmó.
Peña, imputado y detenido
El contexto judicial pesa sobre cada palabra. Peña está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, y un juez dispuso su prisión preventiva, que cumple en la sede del Regimiento Escolta presidencial.
La agenda paralela en el Congreso
En Diputados, el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres entregaron a Raúl Latorre dos anteproyectos. Uno propone derogar la Ley 7236/2024 y volver al texto original de la Ley 7089/2023 sobre conflictos de intereses, con un freno de 24 meses a las “puertas giratorias” para exautoridades del BCP y de las superintendencias. El otro actualiza la Carta Orgánica de la Contraloría con acceso a datos estatales en tiempo real, cobro efectivo de multas y uso regulado de inteligencia artificial.
Por su parte, el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, pidió activar con urgencia la cooperación con Estados Unidos para rastrear y preservar activos ligados al caso Ueno Bank. Su proyecto aclara que no da por probado que haya activos ilícitos allí ni atribuye responsabilidades penales.
La lectura política es clara: Amarilla busca despegarse de cualquier sospecha de condescendencia con Peña y de paso marcar una distancia moral con un oficialismo que lo tuvo como figura central. Mientras el expresidente enfrenta la Justicia, el Congreso intenta mostrar reflejos con proyectos sobre control y recupero de activos, en un clima donde la agenda anticorrupción se volvió terreno de disputa.























