La soja transgénica cumple 30 años y reabre la pelea por quién se queda con la renta
Un informe sobre tres décadas de cultivos modificados estima beneficios por casi US$200.000 millones y muestra cómo se reparten entre productores, Estado y semilleras. El dato llega con las retenciones como telón de fondo.
Los cultivos genéticamente modificados generaron en la Argentina beneficios brutos por unos US$197.500 millones corrientes entre 1996 y 2025, según un estudio del Grupo CEO. Los propios autores aclaran que es una estimación de máxima y que debe leerse como un orden de magnitud, no como una cifra exacta.
El trabajo lo firman Eduardo Trigo, Jimena Vicentin Masaro, Nelson Illescas y Pablo Elverdin. Se presentó en el acto con el que la Secretaría de Agricultura de la Nación celebró los 35 años de la Conabia y los 30 de los transgénicos en el país.
Dólares para el país, con la soja a la cabeza
El informe calcula que las exportaciones adicionales atribuibles a esta tecnología sumaron US$187.400 millones hasta 2024. El 91% corresponde a harina y aceite de soja, lo que confirma el peso del complejo sojero en la entrada de divisas.
La adopción fue vertiginosa. La soja modificada pasó del 5,5% al 84,4% del área sembrada en cinco años y llegó a casi el 100% en diez. El estudio agrega que el maíz híbrido en Estados Unidos necesitó unos 25 años para llegar al 96%. En promedio, la tecnología sumó 6,1 millones de hectáreas por año de soja, maíz y algodón, y en 2024 la superficie adicional fue de 7,9 millones.
Quién se queda con la torta
Entre 2021 y 2024 el beneficio bruto promedió cerca de US$9900 millones anuales. Los productores recibieron el 52,4% antes de descontar costos directos, el Estado captó el 20,2%, sobre todo vía impuestos, y los contratistas de servicios se llevaron el 9,6%. Las semilleras, que generan la innovación, quedaron con apenas el 2,6%.
Los autores vinculan ese reparto con los derechos de exportación, la propiedad intelectual y la logística. Es decir, con variables que se definen en la política económica y no en el laboratorio.
El beneficio por hectárea también cambió. En soja cayó de unos US$30 a US$11 desde 2018, por el encarecimiento del glifosato y la aparición de malezas resistentes. En maíz subió de US$31 a casi US$50 desde 2016, con la consolidación de los eventos apilados.
La agenda que dejan los autores
El informe propone modernizar el régimen de propiedad intelectual sobre semillas para sostener los incentivos a innovar. También pide asegurar la reposición de nutrientes en los suelos y avanzar con una regulación moderna para los OGM, la edición génica, los bioinsumos y el manejo de datos. A eso suman la armonización con los mercados de destino y la estabilidad institucional.
En el acto se distinguió a Marcelo Regúnaga, responsable en 1991 de la creación de la Conabia. El estudio recuerda que en 2015 la Argentina fue el primer país en fijar un procedimiento caso por caso para definir si un producto de edición génica es un OGM. A fines de 2025 sumaba 112 aprobaciones comerciales y, según los autores, la modernización de los últimos dos años acortó los plazos sin resignar rigor científico.
La lectura política es directa: el informe pone números a un reclamo conocido del sector. Con el Estado captando el 20,2% de la renta y los productores el 52,4%, cualquier decisión sobre retenciones o propiedad intelectual mueve el reparto. Las semilleras, con el 2,6%, aparecen como las que más tienen para ganar en la discusión sobre semillas. Para el Gobierno, que se mueve entre la necesidad de dólares y la presión del campo, la cuenta deja una pregunta abierta: cuánto de esa renta está dispuesto a ceder y a cambio de qué.
