Justicia levanta 67 registros automotores y el recorte llega a 12 oficinas de Santa Fe
La Casa Rosada acelera la poda del sistema registral y deja a los usuarios del interior con una incógnita: adónde irán a hacer los trámites. El Gobierno promete eficiencia y digitalización; los detalles de la mudanza todavía no están definidos.
El Gobierno nacional dio otro paso en el desguace del esquema registral del automotor: el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, dispuso el cierre de 67 registros en todo el país, doce de ellos en Santa Fe. La medida se oficializó con la Resolución 538/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La norma también ordena completar el cierre operativo de otras cinco oficinas cuya eliminación ya estaba resuelta. Entre ellas figura el Registro Seccional Rosario N° 3.
Reloj en marcha: 60 días hábiles
La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor tendrá un plazo improrrogable de 60 días hábiles para ejecutar el operativo. En ese tiempo deberá hacer el trabajo administrativo y documental, trasladar los legajos y reasignar los dominios a las oficinas que sigan abiertas.
En Santa Fe, ocho de las doce dependencias afectadas tienen competencia en maquinaria agrícola, vial e industrial y en créditos prendarios. El resto incluye registros vinculados a motovehículos.
Qué pasa con los trámites
Los registros que sobrevivan tendrán que absorber los legajos y las gestiones de los eliminados. Además, la resolución los habilita a sumar competencias y a intervenir en trámites de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios, más allá de lo que hacían hasta ahora.
Lo que todavía no está claro es qué oficina recibirá los expedientes de cada registro cerrado ni cómo quedará la atención presencial en las localidades alcanzadas.
Un recorte que ya pasó los 300
El cierre se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. El Gobierno lo justifica con la optimización de recursos y un esquema con más herramientas digitales. Con esta tanda, el proceso iniciado en 2024 acumula alrededor de 342 dependencias eliminadas en el país.
La lectura política es doble. La Casa Rosada suma otro capítulo de su política de achicamiento del Estado, con un argumento de modernización fácil de defender en abstracto. El costo aparece en la práctica: en las localidades del interior, muchos usuarios y productores podrían tener que viajar a otra ciudad para hacer un trámite. Si el traspaso se ordena o se complica en esos 60 días hábiles, será el termómetro de cuánto reclamo genera el ajuste registral.
