Capuchetti avanza con cautela en la causa Bolsonaro y le exige datos al Gobierno

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dio los primeros pasos en la investigación sobre si funcionarios del gobierno de Javier Milei facilitaron la salida de Flavio Bolsonaro por la Argentina. Pidió a Migraciones y a Cancillería que certifiquen si el brasileño tenía algún impedimento para entrar al país y ordenó preservar las filmaciones del cruce y del aeropuerto.

Lo hizo con prudencia: la fiscal Paloma Ochoa le había propuesto diez medidas de prueba preliminares y la magistrada no las aceptó todas. Todavía no hay requerimiento de instrucción ni imputados.

Qué ordenó la jueza

Capuchetti dispuso que se resguarden todos los registros fílmicos de Migraciones en el Puente Internacional Tancredo Neves y en el aeropuerto de Puerto Iguazú, incluidos los del avión en el que viajó Bolsonaro. La idea es evitar que se pierdan imágenes que podrían mostrar cómo pasó los controles y quién lo acompañaba.

También pidió que se informe en qué estado está la causa que se abrió por el mismo hecho en la Justicia Federal de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez ya había solicitado informes a organismos oficiales tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano.

Denuncias y la sombra de Caputo

El expediente nació de una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios del Gobierno por encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. El diputado Esteban Paulón presentó otra por encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo, que quedó en el juzgado de Sebastián Ramos. En tribunales esperan que se una a la causa de Capuchetti.

Según Migraciones, Bolsonaro entró a las 22:50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. A las 0:21 despegó un Gulfstream de la empresa Baires Fly que llevaba 24 horas esperando en la pista. Hizo escala en Guayaquil y siguió hacia Opa Locka, en Miami. Según el manifiesto de vuelo, viajó con pasaporte italiano.

En Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y ordenado entregar sus pasaportes. Bolsonaro está investigado por presunto lavado de dinero y evasión de divisas vinculados a plataformas de apuestas, y en otra causa por el supuesto desvío de fondos del banquero Daniel Vorcaro.

El dato que más ruido hace en el oficialismo llegó dos horas y media después del despegue. A las 2:50, la policía de Misiones frenó en la ruta 12 una caravana que venía de Puerto Iguazú. Según el acta de la Unidad Regional IV, en una Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba Santiago Caputo, que se identificó como “consultor político” y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran. Delante iba una Ford Ranger conducida por Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo del asesor.

Consultado sobre el episodio, Caputo lo negó: “De ninguna manera”. Y ante las preguntas sobre el operativo respondió: “Misterio”. En el entorno del asesor niegan que haya colaborado con la salida.

La defensa oficial y lo que viene

Migraciones confirmó el cruce y aclaró que Bolsonaro tenía la documentación en regla, que no existía impedimento legal para su ingreso ni pedido de captura. En la Casa Rosada sostienen que se cumplieron todos los pasos legales y que la restricción dictada por la Justicia brasileña no tiene que ver con el control migratorio argentino.

La estrategia judicial parece clara: Capuchetti esperará los informes y las filmaciones antes de decidir si abre formalmente la investigación. Para el Gobierno, la discusión ya no pasa solo por la legalidad del ingreso sino por qué hacía Caputo en Misiones esa madrugada, una pregunta que las imágenes preservadas y el acta policial pueden empezar a contestar.