Seguridad arma un ranking de prófugos y pone al CUFRE a decidir a quién cazar primero
La Resolución 1089/2026 crea un sistema que ordena por peligrosidad las capturas pendientes, pero no revela la fórmula ni quiénes encabezarán la lista. La centralización de datos personales y judiciales abre un frente sobre el manejo de la información.
El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el programa “Los Más Buscados”, un esquema que va a jerarquizar a los prófugos y evadidos de la Justicia según su peligrosidad y a fijar cuáles son los objetivos prioritarios para las fuerzas federales. Quedó formalizado este miércoles con la Resolución 1089/2026 en el Boletín Oficial.
La herramienta funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que depende de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales. La idea es consolidar una base de datos única y, a partir de ella, definir prioridades operativas.
Una base alimentada desde varios frentes
El sistema recibirá información de manera permanente del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), del Programa Nacional de Recompensas y de otras bases oficiales. Además, se invitó al Ministerio de Justicia a aportar datos sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes a través del Registro Nacional de Reincidencia.
La clasificación se hará con criterios técnicos y variables objetivas: gravedad de los delitos imputados o condenados, penas previstas o aplicadas, reincidencia y eventual vínculo con organizaciones criminales. El anexo prevé que la clasificación se automatice.
La Mesa de Evaluación y el punto ciego
La norma también crea una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que definirá, validará y actualizará los parámetros del cálculo. La integran la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, junto con áreas de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Podrán sumarse como colaboradores representantes del Poder Judicial, de los ministerios públicos y de otros organismos.
Lo que la resolución no hace es publicar la fórmula ni el peso de cada variable, y tampoco identifica a quiénes integrarán la nómina de mayor prioridad. El desarrollo y mantenimiento del sistema quedará a cargo del titular de la Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad, que además deberá reforzar las políticas de protección de datos, un punto sensible por la concentración de registros personales y judiciales en una sola herramienta.
Modelos extranjeros y una lista que ya existía
En los considerandos, el Ministerio cita experiencias de Reino Unido (el Crime Severity Score), Estados Unidos (las listas del FBI y del U.S. Marshals Service), las notificaciones rojas de Interpol y listados de fuerzas de países latinoamericanos como Colombia y México. También reconoce antecedentes locales: el Programa Nacional de Recompensas y la lista de “Los más buscados” que el Ministerio de Justicia lanzó en 2016. Para la cartera, esos instrumentos necesitan más articulación y una metodología sistematizada.
La implementación depende ahora de que SIFCOP, el Programa de Recompensas y los organismos que adhieran carguen datos con regularidad. La Subsecretaría de Investigación Criminal fijará los criterios con los que esa información ingresará al sistema.
Lectura política
Seguridad busca mostrar orden y método en la persecución de prófugos y concentra en su órbita la lapicera para decidir prioridades, con un discurso centrado en el crimen organizado. El desafío será doble: que la adhesión de otros organismos y del Poder Judicial haga funcionar el sistema, y que la falta de transparencia sobre los criterios no termine alimentando cuestionamientos sobre cómo se arma la lista.
