Milei y Karina se sacan de encima la causa $LIBRA con un sobreseimiento sin indagatorias

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a Karina Milei y al resto de los acusados en la causa por la criptomoneda $LIBRA. Lo hizo sin haberlos llamado nunca a indagatoria y con medidas de prueba que quedaron inconclusas. La resolución, de 60 carillas, siguió el pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El beneficio alcanzó también al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, al lobista Mauricio Novelli, a su hermana María Pía, a su madre Alicia Rafaele y a su socio Manuel Terrones Godoy. Entraron además el exasesor de la CNV Sergio Morales, Julian Peh, de Kip Protocol, y los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Sin querellantes, sin acusación

La llave fue procesal. Con los inversores apartados como querellantes por la Cámara Federal, ya nadie podía contradecir al fiscal. El juez entendió que el planteo de Taiano estaba bien fundado y que no quedaba una pretensión acusatoria autónoma que justificara seguir.

El 4 de septiembre, la Cámara había considerado «diluida» la hipótesis de un plan organizado desde el poder. El juez también citó un fallo del 29 de septiembre de un tribunal federal de Nueva York, que desestimó una demanda civil contra Kelsier Labs y Davis por razones procesales y de fondo.

El tuit presidencial, un acto «privado»

Martínez de Giorgi sostuvo que los hechos «no encuadran en una figura legal», ya sea estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública. Admitió que la investidura de Milei pudo darle al token «una repercusión y una visibilidad particulares», pero eso no configura un ardid defraudatorio.

Para descartar los delitos de función pública se apoyó en informes de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, y de la Oficina Anticorrupción. Esta última había concluido que el posteo fue un acto «individual o privado», sin recursos públicos ni intervención institucional. El juez comparó el mensaje con la presencia presidencial en la inauguración de una fábrica.

La resolución reconoce la disparidad de resultados: unas pocas billeteras retiraron cerca de US$100 millones, mientras que más de 40.000 compradores perdieron dinero tras el posteo del 14 de febrero de 2025. Para el juez, eso por sí solo no prueba una estafa.

Pruebas flojas y una cadena de custodia golpeada

Sobre el supuesto tráfico de influencias de Karina Milei, el juez relativizó lo hallado en el teléfono de Novelli. Había una «oferta irrevocable» de Kelsier Group del 21 de noviembre de 2024, que mencionaba a los hermanos Milei y una asociación indirecta con el Gobierno, pero no tenía firmas. Una nota del teléfono que hablaba de un «acuerdo final» existió en el aparato, pero los peritos no pudieron acreditar que se enviara a terceros.

También puso en duda el valor de los informes de la DATIP. Mencionó un sumario administrativo que probó el ingreso indebido de una empleada a documentación reservada, parte de la cual trascendió a la prensa, y dijo que eso afectó «de alguna manera» la cadena de custodia. No los anuló, pero consideró que no alcanzaban.

Otras pistas quedaron truncas. Las cajas de seguridad vinculadas a Novelli estaban vacías al allanarlas, aunque las cámaras registraron ingresos de Rafaele y de María Pía Novelli en fechas cercanas al lanzamiento. La trazabilidad cripto tampoco se completó por falta de herramientas técnicas bajo licencia, y Estados Unidos cerró su expediente de asistencia judicial por considerar insuficientes los elementos aportados.

Los inversores van a Casación

Los damnificados pidieron a la Casación que los reincorpore a la causa. El CIPCE, que actúa como amicus curiae, cuestionó con dureza la decisión. Su director ejecutivo, Pedro Biscay, afirmó que es «una decisión prematura» y advirtió contra un «pacto de impunidad».

Para el Gobierno, el cierre despeja uno de los expedientes más incómodos que rodearon a la Casa Rosada y habilita una lectura de revancha política. La pelea, sin embargo, se traslada a la Casación, donde se juega si el caso se reabre o queda sepultado sin que los acusados hayan sido interrogados.