La Iglesia presiona a Milei por discapacidad antes de la visita del Papa a Argentina
El Episcopado rechaza el dictamen que pactó La Libertad Avanza con sus aliados y exige prorrogar la emergencia hasta fines de 2027. La Casa Rosada, que ya tomó distancia del texto, mira con inquietud la agenda de León XIV.
La Iglesia salió a marcar posición en la previa de la sesión de Diputados que debate la emergencia en discapacidad. Pidió que se prorrogue la ley hasta diciembre de 2027 y advirtió que el dictamen del oficialismo deja a los más vulnerables con menos derechos.
El reclamo llega con el Gobierno ya dividido puertas adentro por la política del área y con un dictamen del que la Casa Rosada se despegó, pese a que lo firmaron los propios libertarios junto a sus socios.
Reunión con el bloque oficialista
La Comisión de Pastoral Social, a través de su Área de Discapacidad, se reunió con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas y La Libertad Avanza. En el encuentro con los libertarios estuvieron el presidente de la Cámara, Martín Menem, además de Oscar Herrera Aguad, Nicolás Mayoraz, Oscar Zago y Laura Rodríguez Machado, entre otros.
Desde la Iglesia aclararon que no se pronuncian a favor ni en contra del nuevo dictamen ni de la prórroga en sí, sino que buscan destrabar el debate. Pero el comunicado posterior fue duro: pidió cambios en el capítulo VI del Presupuesto 2027, que modifica el sistema de prestaciones básicas, y una previsión de fondos que asegure prestaciones, pensiones y cobertura de salud.
Las objeciones al dictamen
El texto consensuado con los aliados incluye la compatibilidad de la pensión con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y el mantenimiento del nomenclador de prestaciones. Para el Episcopado, igual es insuficiente.
Su principal advertencia es que se divida a los pensionados en dos grupos: quienes tienen un grado de discapacidad que impide la inserción laboral en condiciones generales perderían la posibilidad de compatibilizar pensión y empleo, y también la cobertura de salud. Cuestionó además que se puedan suspender pensiones «por un simple cruce de datos», sin plazos ni garantías, y que no se den certezas a los prestadores: no fija plazos de pago, deja sin fecha ni actualización la compensación adeudada y mantiene la exclusión de prestadores dispuesta por decreto.
Al Ejecutivo le reclamó un plazo para resolver las más de 200.000 solicitudes de pensión pendientes de 2026 y la publicación periódica de altas, bajas y suspensiones. También pidió que las denuncias de irregularidades se apoyen en datos verificables «para no estigmatizar» a quienes acceden a un derecho legítimo. Sobre la ley vigente, recordó que empezó a aplicarse recién en 2026, de forma parcial y por orden judicial, así que todavía no cumplió su objetivo.
El Papa en el horizonte
El cortocircuito con los obispos se da en la antesala del viaje de León XIV. Los prelados creen que, si su recuperación sigue bien, visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre.
En la agenda papal hay una parada que inquieta a la Casa Rosada: el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidades severas. En el Gobierno temen que lo que diga el Pontífice allí se use como crítica a los recortes del área.
La lectura política es clara: la Iglesia le acerca al oficialismo un reclamo social con alto costo simbólico justo antes de una visita que concentrará la atención pública. Con el dictamen en discusión y la Casa Rosada desmarcada de sus propios legisladores, Milei llega a la sesión y al viaje papal con un frente interno abierto y la discapacidad como bandera de la oposición y de un actor de peso.
