Caminos rurales y obras hídricas: Vaccarezza cuestiona la ley y abre otro debate por los recursos bonaerenses

La diputada bonaerense criticó el tratamiento exprés de la iniciativa que habilita a los municipios a destinar recursos del Impuesto Inmobiliario Rural a obras hidráulicas. Advirtió sobre el alcance de la norma, propuso alternativas de financiamiento y anticipó que buscará frenar su implementación.

La utilización de los recursos destinados al mantenimiento de los caminos rurales volvió a poner en discusión las prioridades de inversión en la provincia de Buenos Aires. La ley que habilita a los municipios a redireccionar esos fondos hacia obras hídricas abrió un debate que excede la respuesta a las contingencias climáticas: también involucra el financiamiento de la infraestructura, las facultades de los gobiernos locales y el tratamiento de las iniciativas en la Legislatura.

En diálogo con POLITICAR, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza cuestionó tanto el alcance de la norma como el procedimiento mediante el cual fue aprobada. Su principal objeción es que los recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural tienen una afectación específica y que habilitar su utilización para otras obras puede alterar las prioridades de inversión en los distritos del interior.

“No podemos sacarle a una infraestructura para darle a otra infraestructura”, sostuvo la legisladora. Y aclaró que su rechazo no implica oponerse a las obras hidráulicas, sino discutir de dónde deben salir los recursos para financiarlas. “No es que esté en contra de las obras de infraestructura hídrica, sino que eso se puede sacar de otros lados”, planteó.

El financiamiento, detrás de la discusión

Vaccarezza considera que la autorización es demasiado amplia porque permitiría destinar esos recursos a obras hidráulicas incluso dentro de los cascos urbanos. “Esta ley es muy abarcativa”, advirtió, al señalar que la norma no delimita suficientemente el ámbito en el que pueden ejecutarse las intervenciones.

Para la diputada, el problema radica en modificar el destino de fondos que fueron establecidos para sostener la red vial rural. “Si el Impuesto Inmobiliario Rural tiene una afectación específica que es para caminos rurales, tiene que seguir trabajándose en caminos rurales”, afirmó.

Como alternativa, señaló que los municipios podrían recurrir a otros instrumentos de financiamiento. En particular, mencionó el fondo destinado a los intendentes cuya libre disponibilidad había avanzado en la Cámara de Diputados. Según su planteo, ese mecanismo permitiría atender necesidades específicas de infraestructura sin comprometer los recursos afectados al mantenimiento vial.

“Ese mismo día se aprueba en Diputados que el fondo de los intendentes tenga libre disponibilidad”, recordó. Y agregó que cada jefe comunal podría recurrir a esa herramienta para financiar las intervenciones que considere necesarias, en lugar de utilizar las partidas previstas para los caminos.

La discusión expone una tensión entre dos necesidades de los municipios: responder a los problemas hídricos y garantizar caminos transitables. En una provincia atravesada por la actividad agropecuaria, ambas cuestiones impactan sobre la producción, la circulación y la conectividad de las localidades. El interrogante político es cómo distribuir los recursos disponibles sin trasladar el costo de una obra a otra infraestructura que también requiere inversión.

El cuestionamiento al tratamiento legislativo

La crítica de Vaccarezza también apunta al recorrido parlamentario de la iniciativa. La diputada sostuvo que el proyecto se trató sobre tablas en la Cámara de Diputados, sin un análisis previo en las comisiones que consideraba pertinentes y sin una instancia de intercambio con las entidades rurales.

“Fue un tratamiento muy exprés”, afirmó. Según explicó, ese mecanismo redujo las posibilidades de conversar con otros bloques y evaluar modificaciones antes de la sanción. También cuestionó que no se convocara a representantes del sector agropecuario para conocer sus objeciones y discutir el alcance de la medida.

“Se trató sobre tablas, se votó de una forma muy exprés”, insistió, y consideró que el resultado fue “una ley que no es una buena ley para nuestro interior productivo”.

El planteo suma una dimensión institucional al debate sobre los fondos: además del contenido de la ley, pone bajo discusión el procedimiento utilizado para aprobarla y la participación de los sectores afectados. Para la legisladora, la falta de debate impidió analizar las consecuencias de la reasignación y discutir alternativas con otros espacios políticos.

El interior productivo y la discusión política

Vaccarezza vinculó el conflicto con la necesidad de sostener políticas públicas que acompañen a la producción agropecuaria. A su entender, el mantenimiento de los caminos rurales no es una cuestión secundaria de infraestructura, sino una condición para el funcionamiento de las economías locales y el desarrollo de las comunidades del interior.

“Somos una provincia netamente y líder en producción agropecuaria, y tenemos que tener políticas públicas y apoyar e incentivos para que la producción siga adelante”, sostuvo. En esa línea, advirtió que existen distritos donde los caminos rurales ya presentan dificultades y cuestionó que se habilite una reasignación de recursos sin una discusión más amplia sobre las prioridades de inversión.

Consultada sobre si la medida podía responder a una falta de financiamiento provincial, la diputada evitó atribuirle directamente esa motivación. “Uno quiere creer que no”, respondió, y apuntó a lo que considera un desconocimiento de la realidad productiva por parte de algunos legisladores.

También cuestionó el destino de los recursos nacionales previstos para obras hídricas. Según sostuvo, el fondo creado para financiar esas intervenciones no estaría cumpliendo plenamente con su objetivo. “Tenemos un gobierno nacional que el fondo hídrico para el cual fue creado específicamente para obras hídricas, no se está llevando a cabo para esto”, afirmó.

Una ofensiva para frenar la implementación

Sobre los próximos pasos, Vaccarezza anticipó que evalúa presentar un proyecto para impedir la implementación de la norma. El anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión legislativa, aunque resta conocer los detalles de la iniciativa y qué acompañamiento podría reunir dentro de la Cámara.

La legisladora también advirtió sobre el riesgo de que una autorización presentada como excepcional termine extendiéndose en el tiempo. Para explicar esa preocupación, trazó un paralelismo con otros mecanismos tributarios que fueron prorrogados sucesivamente: “Va a pasar lo mismo que la ley de cheques, que se toma la prórroga de la prórroga de la prórroga”.

El debate deja planteada una discusión de fondo para los municipios bonaerenses: cómo atender las urgencias hídricas sin debilitar el mantenimiento de los caminos rurales. La respuesta no dependerá únicamente de la aplicación de la ley, sino también de las decisiones presupuestarias y de la capacidad de los distintos bloques para discutir alternativas de financiamiento.