Luis Negretti: “El Gobierno nacional ya no tiene excusa para seguir dilatando el cumplimiento de la ley”

De cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves, el rector de la Universidad Nacional Villa María reclamó que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La Comunidad Universitaria realizará este jueves la Quinta Marcha Federal. Se llevarán a cabo movilizaciones en distintos puntos del país, donde se reclamará por la aplicación de la Ley 27.795 (Financiamiento Universitario), la actualización salarial para docentes y nodocentes y el pleno funcionamiento de la educación superior y del sistema científico nacional. En ese contexto, el rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Luis Negretti, dialogó con POLITICAR y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional y advirtió que las instituciones continúan destinando esfuerzos a una disputa que debería estar resuelta. “A nosotros nos apena mucho, nos gustaría estar ocupándonos de las cosas que hacen al núcleo del ser universitario y no en las calles, en reuniones con diputados, en reclamos. Hoy el mundo está abocado a una revolución tecnológica, pero nosotros estamos perdiendo el tiempo en una discusión presupuestaria”, sostuvo.

El reclamo de las casas de estudio tiene como eje la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin ella es cada vez más profundo el deterioro presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes y las dificultades para sostener actividades académicas y científicas. En ese marco, Negretti remarcó que la discusión ya no puede justificarse en diferencias políticas o administrativas. “La situación está absolutamente clara desde lo legal: hay una ley que implica un financiamiento mínimo para las instituciones universitarias que el Gobierno nacional no está cumpliendo, una ley que fue aprobada por el Congreso en su oportunidad”, señaló.

En su análisis, el rector repasó el recorrido legislativo y judicial de la norma y destacó las resoluciones que respaldaron el reclamo de las universidades. Negretti recordó que la ley fue vetada por el presidente en 2024 y que, al año siguiente, el Congreso logró rechazar el veto con una mayoría superior a las dos terceras partes en ambas cámaras. Posteriormente, el Poder Ejecutivo llevó la discusión a la Justicia. “Las distintas instancias, primera instancia, Cámara, Corte Suprema de Justicia, le dieron la razón a las universidades respecto de una medida cautelar que obliga al Gobierno a aplicar los artículos referidos a salario docente o no docente y becas”, afirmó.

A ese recorrido, Negretti sumó la resolución judicial sobre el fondo de la cuestión, que consideró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la implementación de la ley. Para el rector, ese escenario deja al Gobierno sin argumentos para prolongar el conflicto. “El Poder Judicial resolvió sobre la aplicabilidad o no del cien por ciento del texto de la Ley de Financiamiento Universitario, y consideró que el decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la implementación es inconstitucional. Por lo tanto, el Gobierno Nacional ya no tiene excusa alguna, ni herramienta jurídica ni procesal para seguir dilatando este cumplimiento de la ley”, enfatizó. Y calificó la situación como “una cosa inédita, nunca vista en los cuarenta y dos años de democracia”.

El escaso financiamiento que reciben las universidades nacionales atenta contra el funcionamiento cotidiano de las instituciones, la continuidad de las investigaciones y las posibilidades de permanencia de los estudiantes. Los rectores de las casas de estudio advierten sobre el impacto de la inflación en los gastos operativos, las dificultades para afrontar servicios y mantenimiento, la reducción de recursos destinados a ciencia y tecnología y el deterioro de las condiciones salariales. Por ello, la movilización busca visibilizar el reclamo de docentes, nodocentes e investigadores que sostienen el sistema universitario y que denuncian una pérdida de poder adquisitivo, con consecuencias para la continuidad de sus actividades y la formación de nuevos profesionales.

Para Negretti, sin embargo, la defensa de la universidad pública excede la discusión sobre números y partidas presupuestarias. El rector puso el acento en el papel histórico de las instituciones de educación superior como espacios de movilidad social y acceso al conocimiento para sectores que, de otro modo, podrían quedar excluidos. “En la Argentina, desde fines del siglo diecinueve, todo el siglo veinte y lo que va del siglo veintiuno, la universidad ha sido un motor de movilidad social y un espacio de acceso a todos los sectores sociales. En la universidad pública se encuentran los hijos de los empresarios, los productores agropecuarios, las personas de clase media alta, junto con las personas de clase media, media baja y personas pobres que, a través de una beca, de un incentivo, de un acompañamiento, están pudiendo por ahora venir a la universidad. Eso es un valor que nos genera una horizontalidad muy propia de nuestro país”, expresó.

En ese sentido, el rector planteó que el impacto del desfinanciamiento no queda dentro de las aulas, sino que repercute sobre el desarrollo económico, social y productivo de la Argentina. Además de formar profesionales, las universidades generan conocimiento, desarrollan investigaciones y construyen vínculos con sus comunidades. Negretti destacó también las propuestas de formación en oficios y trayectos educativos breves, que permiten a personas que nunca imaginaron acceder a una universidad adquirir herramientas para el mundo laboral. “Sin universidad es imposible que un país pueda desarrollarse, más un país como el nuestro, que tiene todas las potencialidades en cuanto a recursos naturales, en cuanto a chances, en cuanto a posicionamiento estratégico, pero sin los recursos humanos formados es imposible lograr ese desarrollo”, advirtió.

Frente a las críticas oficialistas sobre el funcionamiento y los controles de las universidades, Negretti rechazó los cuestionamientos que distorsionan el debate público sobre el uso de los recursos. El rector aseguró que las instituciones rinden cuentas y que existen condiciones para avanzar en una instancia de diálogo con el Gobierno nacional. “No es cierto que las universidades no nos dejamos controlar, auditar; todos nuestros recursos son rendidos oportunamente. No hay ningún elemento que impida a las partes, en este caso el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Educación, al CIN y a los gremios, sentarnos a una mesa y llegar a un acuerdo. Más allá de que, por supuesto, las leyes hay que cumplirlas, estamos en un Estado de Derecho y por encima de la voluntad de un gobierno está la ley, y acá hay una ley que hay que cumplir”, remarcó.

Aunque defendió la necesidad de que se aplique la normativa vigente, el rector insistió en que las universidades mantienen abierta la posibilidad de negociar una salida que permita superar el conflicto. Según explicó, el Gobierno estaría ofreciendo recursos que representan apenas un poco más de la mitad de lo que las instituciones necesitan. Por eso, planteó la posibilidad de discutir alternativas graduales, sin renunciar al reclamo central. “Siempre hemos estado dispuestos a dialogar, a sentarnos en una mesa, a encontrar un punto intermedio entre lo que necesitamos y lo que el Gobierno está ofreciendo. Me parece que tiene que haber una voz de diálogo de parte del Gobierno, porque nosotros siempre hemos estado dispuestos a sentarnos a una mesa para llegar a un principio de acuerdo”, afirmó.

Para Negretti, la urgencia de una respuesta está vinculada, sobre todo, con la incertidumbre que atraviesan quienes estudian y trabajan en las universidades. “Más de dos millones de estudiantes hoy tienen la incertidumbre de los paros. De si el año que viene, de si el año académico, van a poder formarse con la tranquilidad que ellos se merecen, porque ir a la universidad es un derecho”, concluyó. Con ese planteo, el rector sintetizó el sentido de la convocatoria a la Quinta Marcha Federal y la obligación que tiene el Gobierno Nacional de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.