Kicillof libera la plata de los caminos rurales para los intendentes y el agro protesta
La Provincia habilitó a los municipios a usar todo el Inmobiliario Rural coparticipable en obras hídricas, incluso dentro de los cascos urbanos. Las entidades del campo ven un cheque en blanco en medio de su pelea por la transparencia del tributo.
El gobierno de Axel Kicillof promulgó la Ley 15.688, que permite a los intendentes bonaerenses disponer de hasta el 100% de los fondos coparticipables del Impuesto Inmobiliario Rural para obras hídricas. La norma salió publicada en el Boletín Oficial y vale por 180 días. El dinero, que nació para mantener los caminos rurales, queda así temporalmente desviado hacia otra urgencia.
La iniciativa fue del senador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, y alcanza a los 135 municipios de la provincia. El argumento oficial es enfrentar los efectos del fenómeno climático de El Niño.
Qué se puede hacer con la plata
La ley enumera el destino permitido: obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico. Son partidas que hasta ahora estaban atadas a tapar pozos y sostener los caminos por donde sale la producción.
La letra chica es el punto que más ruido hizo: los fondos podrán aplicarse también a tareas en los cascos urbanos. Para las entidades rurales, eso cambia el sentido mismo del tributo.
El campo ve discrecionalidad
Las críticas no se quedan en el destino geográfico. Los cuestionamientos apuntan a que la libre disponibilidad permitiría a los intendentes «blanquear» un uso discrecional de los recursos, justo cuando el sector mantiene una discusión política y judicial por la falta de transparencia en los números y reclama una contraprestación efectiva del servicio.
El esquema vigente de reparto del Inmobiliario Rural da una idea de lo que está en juego: 65% para el Ejecutivo provincial, 12% para el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, 3% para el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, y 20% para los municipios como retribución por administrar el impuesto.
Lectura política
La medida le da a los intendentes un alivio de caja y margen de maniobra para responder a las inundaciones sin esperar partidas nuevas, y le permite a la Provincia mostrar respuesta frente al riesgo climático. El costo es abrir otro frente con un sector que ya viene reclamando cuentas claras sobre el tributo. Con una vigencia de seis meses, la discusión que viene será cómo se rinde el uso de esos fondos y si el campo lleva el reclamo otra vez a los tribunales.
