Nación y Provincia apelan el fallo de la Perón, pero igual deberán mantener la autopista
El recurso no frena la orden del juez federal de San Martín: Vialidad y la Provincia siguen obligadas a cumplir. Katopodis, mientras tanto, ya piensa en los peajes como única salida para terminar la obra.
Tanto la Casa Rosada como el gobierno de Axel Kicillof apelaron la medida del juez federal de San Martín Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que ordena reforzar el cierre, la señalización y la prevención en los tramos no habilitados de la Autopista Presidente Perón. La apelación no cambia nada por ahora: fue concedida con efecto devolutivo, así que la orden sigue en pie mientras la Cámara de Apelaciones de San Martín resuelve.
La cautelar tiene un plazo de seis meses. Dispone además que se revisen y corrijan fallas puntuales en los sistemas de contención de los tramos que ya están abiertos al tránsito.
Un amparo bonaerense contra la obra frenada
La medida surge de un amparo que presentó la Provincia contra el Estado nacional, impulsado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. El reclamo de fondo pide reactivar y completar los trabajos paralizados desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió y cortó la obra pública. También exige habilitar los sectores ya construidos que siguen fuera de servicio y garantizar el mantenimiento y la seguridad de toda la traza.
El magistrado vio un riesgo específico que justifica una intervención preventiva. Al tratarse de una ruta de jurisdicción nacional, le corresponde ejecutarla a Vialidad. El antecedente es la muerte de un nene en febrero, que cayó desde unos 15 metros de altura.
Quién tiene que apretar el botón
Para que el fallo se haga cumplir, la parte actora, es decir el gobierno de Kicillof, tiene que presentar la intimación formal o denunciar el incumplimiento. Hasta ahora no trascendió que lo haya hecho, un dato que le quita presión inmediata a Vialidad.
El juez fue claro en que dar efecto suspensivo a las apelaciones desnaturalizaría la tutela judicial, porque dejaría los derechos protegidos sin resguardo mientras se resuelven los recursos. La cautelar, aclaró, no obliga a Nación a retomar los trabajos, ni a completar la autopista, ni dispone su traspaso a la Provincia. Eso se discute en el expediente principal.
La salida que ve Kicillof: peajes
Desde el entorno de Katopodis explicaron cómo imaginan la conclusión de la obra. “Si Nación no la transfiere no hay manera”, plantearon. Si la traspasa, la traza pasaría al sistema AUBASA y, con lo que recaude, se autofinanciaría. En la práctica, el cobro de peajes es hoy la única vía que ve la Provincia para terminar los 31 kilómetros que faltan.
La autopista tiene 52 de sus 83 kilómetros habilitados, repartidos en cuatro tramos, y el resto está parado desde diciembre de 2023.
La lectura política: el expediente le permite a Kicillof exhibir a la Nación como responsable de una obra abandonada y de un riesgo concreto para la seguridad. Pero la pelota quedó del lado bonaerense: sin intimación formal, el fallo corre el riesgo de quedar en una declaración. Mientras tanto, la discusión de fondo, el traspaso y los peajes, sigue sin resolverse y se encamina a otra pulseada entre La Plata y la Casa Rosada.
