La caída del empleo vacía las obras sociales y empuja a 1,27 millones al sistema público
Un informe del Instituto Argentina Grande pone números al costo social del ajuste en salud y advierte por una sobrecarga del sistema estatal. La CGT suma su propio reclamo por fondos retenidos.
Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo de 2026, 1.266.863 personas dejaron de tener obra social, prepaga o mutual, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) basado en datos del INDEC. El documento ata ese salto a la gestión de Javier Milei y a la combinación de menos empleo formal con salarios que pierden poder de compra.
Según el relevamiento, la cantidad de personas sin cobertura pasó de 9.428.131 a 10.694.994. La proporción de la población que depende solo del sistema público subió del 32% al 35,5%.
El empleo registrado, en el centro
El instituto, que dirige el politólogo Nicolás Tereschuk, sostiene que la contracción del mercado laboral es el factor principal. Lo resume así: «los despidos no sólo implican la pérdida de ingresos para los trabajadores, sino también de la cobertura médica que alcanza a sus grupos familiares».
Con datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el informe cuenta que las obras sociales nacionales perdieron 1.159.205 beneficiarios. Esa merma también achica los recursos con los que financian prestaciones.
El golpe es desparejo. OSECAC, la obra social de Comercio, perdió el 23,7% de sus afiliados. La del Personal Civil de la Nación (estatales) cayó 26%, Construir Salud (OSPeCon) perdió 27,4% y la de los petroleros (OSPe) bajó 6,2%.
Prepagas por encima de la inflación
El documento también apunta a la desregulación de la medicina privada que introdujo el DNU 70/2023. Con datos oficiales, calcula que las cuotas de las prepagas acumularon aumentos de 499,7%, frente a una inflación del 344,4% en el mismo período. Para muchas familias, sostener el plan se volvió más difícil con ingresos que se licúan.
Los jóvenes son los más expuestos. En el segundo trimestre de este año, el 48,1% de las personas de entre 15 y 29 años no tenía cobertura, y entre los menores de 14 la cifra llegó al 46,4%. En el tramo de 30 a 64 años, hay 647.225 personas más sin cobertura que a fines de 2023.
El reclamo de la CGT y la advertencia sobre el sistema público
El informe no incluye un frente que agrava el cuadro de las obras sociales: la retención por parte del Gobierno de fondos descontados a los afiliados. La CGT lo reclama de manera sistemática, con el argumento de que son los propios sindicatos los que están financiando hoy la atención médica de los trabajadores.
El IAG advierte que, si no se corrige el rumbo, el sistema de salud público puede terminar colapsado por la demanda de quienes pierden la cobertura.
Lectura política: los números alimentan el discurso de quienes cuestionan el costo social del ajuste y le dan a la CGT un argumento para su reclamo por fondos. Para la Casa Rosada, el problema es que la salud llega por el bolsillo y por el empleo, dos terrenos donde la discusión pública es cada vez más sensible.
