Trabajo bonaerense intima a los intendentes y deja a General Rodríguez frente a su espejo

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires les puso fecha límite a los municipios: tienen hasta el 31 de diciembre para entregar información sobre sus plantas de empleados. Los datos son la llave para poner en marcha el Consejo de Empleo Municipal, el ámbito donde intendentes y gremios deben pactar condiciones mínimas y pautas salariales.

El requerimiento se apoya en los artículos 49 y 51 de la Ley 14.656, que arman el marco del empleo comunal. La Resolución 183/2026, firmada por el ministro Walter Correa, reglamenta la convocatoria y, en su artículo 10, fija el plazo para que cada intendencia informe sobre afiliados y gremios activos en su territorio.

Un ranking que incomoda

Según se desprende de la medida, el relevamiento buscaría establecer un piso salarial de referencia y transparentar cuántos trabajadores tiene cada comuna. Si la información se hiciera pública, permitiría armar un ranking provincial de sueldos municipales y ver qué distritos pagan mejor. Ese mapa podría servirle a la Gobernación para intentar achicar las diferencias entre unos y otros.

En General Rodríguez las escalas salariales de los municipales son conocidas. Lo que no está claro es cómo queda el distrito frente al resto. El número exacto de agentes, además, permitiría compararlo con comunas de tamaño parecido y medir si la estructura local es chica, justa o sobredimensionada.

El agujero: los cargos políticos

El pedido tiene un límite: solo alcanza a los empleados municipales y deja afuera a los funcionarios de carrera política. En el distrito eso pesa, porque los aumentos de los trabajadores se trasladan en igual proporción a la remuneración del intendente y su gabinete. Como las escalas jerárquicas multiplican el ingreso de un empleado de base, la pregunta por el peso del gasto político sobre el total de la planta queda en el aire. No hay cifras oficiales que la respondan.

La oposición en el Concejo Deliberante reclama hace más de un año que el Ejecutivo presente el organigrama completo, con nombres y cargos. El concejal Ariel Martínez cuestionó la falta de respuesta en mayo de 2025 y volvió a exigirlo en octubre de ese año, tras cambios en el gabinete. La información todavía no fue remitida. Mientras tanto circulan estimaciones, sin confirmación, que ubican entre 200 y 300 los cargos políticos activos en el Departamento Ejecutivo.

Servicios y estructura, en la misma balanza

El debate se cruza con las quejas vecinales por el mantenimiento urbano: baches sin reparar, zanjas anegadas, falta de luminarias, demoras en la recolección y poca presencia operativa en la calle. En ese marco, la relación entre lo que se destina a la estructura política y lo que se invierte en servicios esenciales ocupa un lugar central en la discusión local.

El Municipio no dio a conocer el organigrama ni precisó cómo responderá a la Provincia antes del vencimiento. La lectura política es que el relevamiento puede darle a la Gobernación una foto comparada de las plantas y a la oposición local un argumento más. Pero el dato que más se reclama, cuántos funcionarios hay y cuánto cuestan, queda fuera del radar provincial y sigue dependiendo de que el Ejecutivo local decida mostrarlo.