Discapacidad: el Senado va por el dictamen y el Gobierno ya no tiene margen para cambios

El Senado intentará dictaminar mañana la nueva ley de discapacidad, aunque todavía no está asegurado el número para hacerlo. Lo que se discute es el reemplazo de la emergencia en la materia, que vence a fin de año, en un área que le dio más de un dolor de cabeza a la Casa Rosada.

El plenario reunirá a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de cabecera y presidida por el libertario Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, que conduce Alicia Kirchner. La semana pasada el encuentro no prosperó y ahora vuelve a la agenda.

Un texto que llega casi cerrado

El proyecto viene de Diputados con una mayoría de dos tercios: 236 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Por eso las chances de modificarlo en la Cámara alta son prácticamente nulas.

La iniciativa mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, con actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Fija las pensiones en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y ratifica el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como puerta de acceso al beneficio.

Las concesiones del Gobierno

A pedido de los aliados, se conservó la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. Quienes tengan CUD podrán mantener el beneficio si están registrados o inscriptos en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Además, los titulares de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad tendrán acceso a las prestaciones básicas de la ley 24.901 a través del Programa Incluir Salud.

Para blindar la norma frente a un eventual veto, el texto detalla las partidas del Ministerio de Salud que financiarán el sistema y prevé compensaciones del Tesoro si no alcanzan. También exige que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

Como contrapeso, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá hacer auditorías periódicas cruzando datos con ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS. Podrá suspender un beneficio de forma preventiva ante un incumplimiento objetivo, pero bajo un «debido proceso inclusivo» con notificación y rehabilitación provisoria.

Si al sancionarse la ley quedaran deudas con prestadores, el Ejecutivo tendrá que difundir un cronograma de pagos en 30 días y cancelarlas en 90.

Cómo se llegó hasta acá

En Diputados, la negociación por el oficialismo la encabezó la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Con el Ejecutivo atravesado por internas y después de la apuesta fallida con el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027, el mileísmo terminó aceptando la mayoría de las condiciones de los dialoguistas para no exponer a Martín Menem. Esa cesión frenó el intento kirchnerista de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre del año próximo.

La lectura es clara: el Gobierno resignó control sobre una política sensible para no sumar una derrota, y en el Senado le toca ver cómo termina de pagar esa factura. Con la comisión de Población en manos de Alicia Kirchner y un dictamen que todavía depende de la aritmética, la Casa Rosada llega con poco margen y con el reloj de la emergencia corriendo.