Los aliados le marcan la cancha a Milei por la ley Malvinas y amenazan con votar en contra de artículos clave
El oficialismo cree que tiene los votos, pero un grupo de dialoguistas exige sacar los artículos que penalizan la "injerencia extranjera". Temen que se use para perseguir opositores y ya avisaron que los rechazarán en el recinto.
La ley de Defensa de la Soberanía, el proyecto que impulsa Santiago Caputo, llega a la sesión del 12 de noviembre con un frente de ruido entre los aliados. La Libertad Avanza confía en aprobar sin cambios el dictamen firmado esta semana, pero un sector dialoguista exige borrar del texto los artículos 127 a 130 y advirtió que, si no lo logra, los votará en contra en la votación en particular.
El rechazo no pone en riesgo el resultado general. Sí puede ensuciar una sesión que el Gobierno quería ordenada.
Un dictamen con firmas en disidencia
El despacho reunió 60 firmas, con el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. Pero los dos espacios provinciales llegaron divididos: los santafesinos José Núñez y Pablo Farías (Provincias Unidas) y los misioneros Oscar Herrera Ahuad y Alberto Arrúa (Argentina Federal) firmaron en disidencia. La radical Karina Banfi, con su monobloque, se suma al reclamo.
El foco está en el título VII, sobre el «fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales», que modifica el Código Penal con penas de prisión. Ese tramo ya había sido retocado para juntar las firmas del dictamen.
El artículo 129, en la mira
El más cuestionado es el 129, que reemplazó al 111 de la versión original. Penaliza la injerencia extranjera en un proceso electoral o en la opinión pública cuando se ejerce de manera «clandestina, engañosa, coercitiva o ilícita» y se oculta su origen o su vínculo con un Estado, organización o agente extranjero. El texto aclara que no alcanza a la actividad diplomática, al periodismo ni a la investigación académica.
Aun así, hay diputados que sospechan que la redacción puede servir de excusa para perseguir a dirigentes opositores. Los otros tres artículos castigan con prisión a quien ponga secretos del Estado a disposición de un país o servicio de inteligencia extranjero, o colabore con la logística de una operación de inteligencia clandestina por cuenta de otro Estado.
Consejo de Seguridad y presión de Washington
Otro punto que puede generar debate es el título 5. Le da al futuro Consejo de Seguridad, controlado por el Poder Ejecutivo, la facultad de revisar y dar conformidad a inversiones de un Estado extranjero, o de empresas que controle, en defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos y minería. Las «infraestructuras críticas» que habilitan esa intervención las define el mismo Consejo.
El proyecto fue enviado por la Casa Rosada para ratificar la soberanía sobre Malvinas, proteger los recursos naturales y endurecer las sanciones vigentes, en medio de la polémica por el proyecto petrolero Sea Lion, de Rockhopper y Navitas Petroleum. Estados Unidos expresó su preocupación porque las penas alcanzaran también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. Ante eso, el Gobierno limitó las sanciones a las empresas que operen ilegalmente en el país, de forma directa, como proveedoras o accionistas directas, y dejó fuera a las subsidiarias.
Lectura política
La secuencia muestra a un oficialismo que cede cuando lo aprietan, sea desde la Casa Blanca o desde sus aliados en Diputados. Cada concesión le asegura el paso al recinto, pero también deja a la vista el límite de sus socios: acompañan la ley, no cualquier artículo. Falta saber si la Casa Rosada decide sacar el capítulo electoral antes del 12 de noviembre o lo defiende y se arriesga a perderlo en la votación en particular.
