Tarifas 15,6% sobre la inflación: la UNLP expone el costo del recorte de subsidios
Un estudio de Ciencias Económicas muestra que el ajuste tarifario pegó más fuerte en los hogares de menores ingresos, justo los que perdieron la asistencia estatal. El dato reabre la discusión sobre quién paga la reducción de subsidios.
Las tarifas de los servicios públicos subieron un 15,6% por encima de la inflación en el último año, y el golpe fue desparejo. Así lo concluye un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, que apunta a la quita de subsidios del Ejecutivo nacional como factor de peso en el impacto sobre los hogares más humildes.
El trabajo mide el efecto sobre el AMBA y compara tres escalones de ingresos. Cuanto menos cobra una familia, más sintió el aumento.
Los que menos tienen, los más golpeados
Los hogares de menores recursos, que no cuentan con tarifa social, enfrentaron una suba real del 17,5%. Los sectores medios absorbieron un 16,2% y los de mayores ingresos, un 14%.
La brecha se estira en el largo plazo. Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2026, el índice general de tarifas acumuló un alza real del 182,7%. Para los hogares de menores ingresos la canasta de servicios (gas natural, agua, transporte público, combustibles, telefonía, internet y servicios postales) se encareció un 249,5%, contra 190,6% en los sectores medios y 144,2% en los más acomodados.
El transporte, a la cabeza de los aumentos
Por rubro, el transporte automotor lidera con un incremento real del 45,9% en el último año. Le siguen los ferrocarriles urbanos (26,8%) y el subterráneo (23,1%).
La electricidad residencial subió 20,5%, los servicios de agua y cloacas 9,6% y el gas natural 8,8%.
Una tarifa que sube y baja según el ciclo político
El informe repasa la película completa. Los servicios se abarataron un 70% entre 2001 y 2015, subieron un 118% entre 2015 y 2019 y volvieron a caer un 50% entre 2019 y 2022. Desde 2022, el índice general de precios y tarifas públicas acumula un alza real del 49%.
El estudio se apoya en datos oficiales y en ponderaciones de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, dentro de un proyecto que analiza la evolución de precios de empresas públicas y privatizadas reguladas.
La lectura política es directa: el relevamiento llega con respaldo universitario y datos desagregados para quienes cuestionan la política de subsidios del Gobierno nacional. Muestra que el costo del reordenamiento tarifario no se reparte parejo y deja una pregunta abierta sobre cuánto más pueden soportar los hogares que quedaron sin amortiguador estatal.
