Milei sostiene el corte de 21.821 pensiones por invalidez y tensa con el Congreso

El Gobierno de Javier Milei cerró el proceso de revisión y dejó firme la suspensión de 21.821 pensiones no contributivas por invalidez laboral. La decisión quedó asentada en la Resolución 3695/26 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada hoy con el listado completo de personas afectadas.

El movimiento llega mientras el Congreso intenta extender la emergencia en discapacidad, y vuelve a mostrar a la Casa Rosada avanzando en sentido contrario al de los legisladores.

Un corte que ya existía, ahora blindado

En los hechos, casi todos los beneficios ya estaban suspendidos desde 2025. Lo que cambió es que terminó la revisión y las autoridades resolvieron mantener la baja, con lo cual el corte deja de ser transitorio.

Según la versión oficial, las pensiones corresponden a personas con «bienes de elevado valor patrimonial» o que habrían tramitado el beneficio con irregularidades.

Plazo de 30 días y cero precisiones judiciales

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció la medida ayer en conferencia de prensa. Explicó que los alcanzados tendrán 30 días hábiles administrativos para presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar antecedentes que permitan revisar su caso. Prometió además que quien cumpla los requisitos seguirá cobrando.

Ravier aclaró que la suspensión no implica determinar que los titulares carezcan de incapacidad laboral, sino que el Estado no cuenta con la información necesaria para verificar que cumplen las condiciones. Hasta que hagan el trámite, el beneficio seguirá cortado.

Consultado por la prensa acreditada sobre si habrá denuncias penales por las supuestas irregularidades, evitó dar precisiones: «Seguramente se seguirán tomando medidas».

Lectura política

El Gobierno habla de fraude pero no lo lleva a la Justicia, y traslada la carga de la prueba a los beneficiarios, que deberán demostrar que les corresponde lo que ya les habían suspendido. El anuncio, en pleno debate parlamentario, es un mensaje de que la Casa Rosada no piensa ceder terreno en el recorte aunque el Congreso empuje la emergencia. Falta ver si la oposición usa la letra chica de la resolución como argumento para sostener la prórroga.