Dos trimestres en caída: la economía argentina entró en recesión y crece la incertidumbre rumbo a 2027

La economía argentina entró formalmente en recesión técnica después de registrar dos trimestres consecutivos de contracción, un escenario que vuelve a poner bajo la lupa el programa económico de Javier Milei. El Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 0,6% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que las estimaciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central ubican la contracción del tercer trimestre entre el 1% y el 1,1%. El deterioro de la actividad expone las dificultades para transformar la estabilización macroeconómica en crecimiento sostenido y deja al Gobierno en una encrucijada que pone en peligro sus expectativas de mantener a rajatabla el programa económico el próximo año.

De acuerdo con los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), alrededor de 31.000 empresas, principalmente pequeñas y medianas, cerraron sus puertas. Al mismo tiempo, se sigue profundizando la pérdida de empleo asalariado privado formal y su reemplazo por modalidades de cuentapropismo e informalidad. Las estimaciones disponibles ubican la desocupación entre el 7,5% y el 7,9% hacia finales de año, mientras que la pobreza urbana volvió a subir hasta el 32,3%. Esto indica que la recesión no se limita a una caída estadística del PBI: también amenaza la estabilidad de los ingresos familiares y las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

Uno de los rasgos más marcados del escenario actual es la creciente brecha entre las actividades que logran expandirse y aquellas que dependen del mercado interno. Mientras el agro, la minería y la energía, con Vaca Muerta como uno de los sectores destacados, muestran dinamismo y contribuyen al superávit comercial, la industria manufacturera, la construcción y el comercio enfrentan momentos críticos. Esta economía a “dos velocidades” plantea un problema para el modelo del Ejecutivo: el crecimiento de las exportaciones y de los sectores vinculados a los recursos naturales no necesariamente se traduce en una recuperación equivalente del empleo urbano, los salarios o las pequeñas empresas. El interrogante que se hacen en los pasillos de la Rosada es cuánto puede sostenerse la recuperación de algunas actividades si no se reactiva la demanda de los hogares y la producción orientada al mercado nacional.

Entre los factores que explican la contracción aparece, en primer lugar, el impacto de las políticas fiscales contractivas sobre el consumo. La pérdida de poder adquisitivo, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y el freno del gasto redujeron la capacidad de compra de los hogares, mientras las empresas encuentran mayores dificultades para vender. A esto se suma la apertura comercial, que incrementa la competencia de productos importados en un contexto en el que numerosos fabricantes locales enfrentan costos elevados. Economistas del sector privado también advierten sobre la apreciación del peso y el atraso cambiario, que encarece la producción argentina en dólares y abarata relativamente los bienes del exterior, debilitando el mercado interno. 

Las proyecciones relevadas entre analistas ubican el crecimiento anual entre el 1,2% y el 1,5%, un resultado que conviviría con la contracción registrada durante los últimos trimestres. La desaceleración de la inflación, uno de los principales objetivos del Gobierno, aparece asociada a un menor dinamismo del consumo, lo que abre una discusión sobre el costo económico y social de la estrategia de estabilización. Para 2027, las previsiones citadas apuntan a un crecimiento de entre el 2% y el 3%, aunque la OCDE habría recortado su estimación para Argentina al 2%. Estas cifras deben leerse con cautela: una proyección anual positiva no descarta que persistan dificultades en sectores clave ni garantiza que la eventual recuperación llegue a los salarios, el empleo formal y las pequeñas empresas.

El panorama no queda exento del año  electoral por venir. Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, la continuidad de la recesión puede convertirse en un factor de presión sobre el Gobierno si la mejora de los indicadores macroeconómicos no se traduce en una recuperación perceptible para la mayoría de la población. La incertidumbre podría postergar inversiones y favorecer estrategias de cobertura en dólares, mientras la debilidad del consumo limita las posibilidades de una reactivación impulsada desde el mercado interno. El oficialismo presenta el ajuste como un costo transitorio para ordenar la economía y modificar el patrón de crecimiento; pero la prioridad otorgada al superávit fiscal y la desinflación se está pagando con una caída de los ingresos reales, la pérdida de empresas y el deterioro de la producción nacional.