La Justicia admitió el amparo de Bahl, Michel y Marclay contra la retención del impuesto a los combustibles que está afectado al arreglo de las rutas
La Justicia Federal ordenó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional que informe en el plazo de tres días sobre el destino de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles destinados al mantenimiento de las rutas de Entre Ríos. La resolución se enmarca en el amparo presentado por los legisladores nacionales del peronismo Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.
El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió formalmente la acción y los organismos demandados (el Ministerio de Economía de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad) fueron notificados la semana pasada y desde entonces corren tres días para que presenten su informe en el expediente «Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986» (N° 12957/2026).
Bahl, Michel y Marclay sostienen que los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que se financian con el impuesto a los combustibles, tienen afectación específica por ley y solo pueden destinarse a la infraestructura vial. Según el amparo, retenerlos en instrumentos financieros para mejorar el resultado fiscal desvirtúa ese destino legal. Por eso piden que se reactiven las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en la provincia (las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras) y que los recursos se apliquen al fin que fija la ley.
Según el relevamiento que sustenta el reclamo, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL, a nivel nacional, más de $1,5 billones y solo se aplicaron a obras unos $394.406 millones: tres de cada cuatro pesos no llegaron a las rutas. Al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos, y el gobierno nacional admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal.
En paralelo, el 7 de octubre Nación concesionó por 20 años 276 kilómetros de rutas entrerrianas: el tramo de la RN 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el de la RN 12 entre Crespo y Paraná. La concesión no explica qué pasó con los fondos acumulados en los últimos dos años ni resuelve el estado del resto de la red.
