El Gobierno le gana la votación en el Senado y le pasa la reforma de Salud Mental a Diputados
La Cámara alta aprobó el cambio a la ley de 2010 por 42 votos contra 21, pero la oposición y gobernadores como Zamora ya apuntan al flanco débil: nadie dijo quién paga la implementación en las provincias.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa el Gobierno consiguió media sanción en el Senado. Fue en los primeros minutos del viernes, con 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención, y ahora el texto pasa a Diputados, donde se abre la segunda etapa de la discusión.
El proyecto modifica la Ley 26.657, vigente desde 2010, y toca puntos sensibles: las internaciones involuntarias, el rol de los equipos interdisciplinarios y el abordaje de los consumos problemáticos y otras adicciones. Hubo ajustes al texto minutos antes de que arrancara el debate.
El oficialismo, con la ley «desactualizada» como bandera
La miembro informante, la puntana Ivanna Arrascaeta, sostuvo que la norma vigente consagró derechos pero que sus resultados fueron insuficientes. Planteó que la reforma cambia la expresión «padecimiento» por «afección o trastorno mental», lo que, según dijo, permite intervenir a tiempo, y señaló que los cambios fueron evaluados en el Consejo Federal de Salud.
También dijo que, con la ley actual, la internación pasó a ser la respuesta a la falta de casas y de familias, y que el plan fija un marco común para que cada provincia aplique el modelo según sus recursos. La radical chaqueña Silvana Schneider acompañó con el argumento de que la reforma «piensa en las familias».
Antes de la votación habló Patricia Bullrich, que defendió el texto en nombre de La Libertad Avanza. Insistió en que la internación involuntaria sigue siendo un hecho excepcional y que el eje es la atención integral, con herramientas para prevenir un daño grave.
La oposición va por el bolsillo y por el modelo
Desde el otro lado, la sanjuanina María Celeste Giménez Navarro calificó la iniciativa de «reforma regresiva» y la enmarcó en un Gobierno que, dijo, «hizo del ajuste una política de Estado». Sostuvo además que es una hipocresía hablar de salud mental sin hacerse cargo de los efectos de la política económica.
El santiagueño Gerardo Zamora apuntó a la cuestión de fondo para las provincias: según planteó, la reforma les carga nuevas tareas sin prever «un solo recurso» para cumplirlas.
Lo que viene
El oficialismo se llevó un número cómodo en la Cámara alta, pero el reparo de Zamora muestra por dónde va a llegar la resistencia: el financiamiento. En Diputados, la discusión sobre quién se hace cargo del costo en las provincias puede pesar tanto como el debate clínico sobre las internaciones, y el Gobierno tendrá que decidir si responde con recursos o con más ajustes al texto.
