El PRO presiona para que la Provincia no pida dos veces los mismos papeles
María Laura Ricchini busca poner en práctica una ley que ya existe pero que, según ella, el Estado bonaerense no aplica de manera uniforme. Su proyecto instala la obligación de que la Administración consiga de oficio los datos que ya tiene.
La diputada bonaerense del PRO María Laura Ricchini presentó en la Cámara baja provincial un proyecto para que el Estado deje de pedirles a los ciudadanos documentación que ya tiene guardada en sus propios registros. La iniciativa apunta a darle aplicación efectiva al llamado «Principio de Una Sola Vez».
La propuesta fija mecanismos para que los organismos de la Administración centralizada y descentralizada obtengan la información por los canales de interoperabilidad disponibles, sin reiterar convocatorias al administrado.
Qué cambia si se aprueba
El texto establece que, cuando un trámite requiera datos que están en poder de otra dependencia, el organismo interviniente tendrá que conseguirlos de oficio. La falta de integración entre sistemas o los problemas de coordinación interna, plantea Ricchini, no podrán trasladarse a quien hace el trámite si la información figura en registros oficiales.
Otro eje es la creación de un Registro de Excepciones al Principio de Una Sola Vez. Allí la autoridad de aplicación deberá identificar los trámites en los que todavía haga falta que la persona presente documentación.
Además, cualquier persona podrá invocar el principio cuando considere que le piden algo que el Estado ya posee. Según la diputada, esa invocación deberá alcanzar para que el organismo verifique de oficio si la información está disponible.
Una ley vigente que, dice el PRO, no se cumple
El proyecto se apoya en la Ley provincial 15.430, reglamentada en 2023, que ya reconoce el derecho a hacer trámites sin que se exija documentación cuyos datos obren en archivos estatales. La norma tomó como antecedentes la experiencia de la Unión Europea, la ley de Costa Rica contra el exceso de requisitos y la ley de desburocratización de Neuquén.
Para Ricchini, sin embargo, el principio no se tradujo en una práctica administrativa uniforme. Como prueba, mencionó que muchos municipios bonaerenses debieron sancionar ordenanzas de adhesión expresa a la ley provincial, como ocurrió en Pergamino.
La diputada describió quiénes sufren más esa falla: jubilados, familias que atraviesan una sucesión y necesitan una subdivisión catastral, y contribuyentes cuyo pago fue bien hecho pero no quedó imputado en el sistema.
El dato de la Defensoría y la lectura política
El proyecto incorpora un argumento de peso: los informes anuales de la Defensoría del Pueblo bonaerense registran un crecimiento sostenido de los reclamos contra la administración provincial, con un aumento del 20% en 2025. Esos reclamos abarcan trámites, servicios públicos y prestaciones sociales.
Con una agenda de gestión concreta y sin costo político, el PRO bonaerense se planta como fiscalizador de la burocracia provincial y pone el foco en el cumplimiento de una norma ya vigente. Queda por ver si la iniciativa consigue tratamiento en comisión o si queda como una señal de posicionamiento de la oposición.
