LLA pone bajo la lupa las cifras de delito de Kicillof y reclama por 100.000 denuncias
El jefe del bloque libertario en el Senado bonaerense sostiene que la fotografía oficial de la inseguridad queda distorsionada por denuncias online que nunca se encuadran penalmente. Pidió informes al Ejecutivo y apunta también al Ministerio Público.
La Libertad Avanza abrió un nuevo frente contra la gestión de Axel Kicillof en materia de seguridad, pero esta vez con el foco en los números. El senador bonaerense Carlos Curestis, presidente del bloque libertario, presentó un pedido de informes para que se explique cómo se construyen las estadísticas oficiales del delito, y plantea que cerca de 100.000 presuntos hurtos quedaron afuera del registro en el último año.
El reclamo se dirige al Ministerio de Seguridad provincial y a la Procuración General, que intervienen en la elaboración de esas cifras.
El agujero está en «Mi Seguridad»
El planteo gira alrededor de la plataforma de denuncias en línea «Mi Seguridad», un sistema del Ministerio Público, área que conduce el procurador general Julio Conte Grand. Permite denunciar por web o por aplicación y, una vez cargada la denuncia, el denunciante tiene cinco días hábiles para ratificarla.
Según los números que expuso Curestis, 122.867 denuncias online, más de la mitad, permanecieron el año pasado como «tipificación provisoria», es decir, sin que las fiscalías les asignaran un encuadre en el Código Penal. De ese total, más de 100.000 habían sido categorizadas por los propios denunciantes como robo o hurto.
Si esas causas se hubieran sumado al cómputo regular, sostuvo el senador, las estadísticas de delitos contra la propiedad podrían haber sido hasta un 36% superiores a las publicadas.
Qué pide el libertario
El pedido de informes quiere saber qué proporción de las denuncias recibidas en 2024 y 2025 fue efectivamente ratificada y cuántas seguían sin tipificación penal a septiembre de 2026. También reclama las «causas técnicas y normativas» por las que las fiscalías no recaratulan las denuncias que ingresan con la categoría elegida por el denunciante.
Curestis cuestionó además que la única vía para ratificar sea presentarse en persona en la fiscalía dentro de los cinco días hábiles. «Si no se completa ese paso, los fiscales pueden archivar la causa sin más trámite», advirtió. Y pidió que el Ejecutivo detalle qué mecanismos de auditoría y seguimiento existen para garantizar que esas denuncias se procesen, se encuadren y se resuelvan en un plazo razonable.
La seguridad como terreno de disputa
El senador subrayó que las estadísticas son la base para diseñar políticas, asignar recursos policiales y evaluar al gobierno provincial, y de ahí su conclusión: con más de 100.000 presuntos robos y hurtos fuera del registro, la imagen oficial de la inseguridad queda «doblemente distorsionada».
La jugada deja a la administración bonaerense y al Ministerio Público en la obligación de responder con datos en un terreno sensible, donde La Libertad Avanza intenta instalar que los números oficiales subestiman el problema. Con el pedido de informes ya ingresado, la discusión pasa ahora a las respuestas que den el Ejecutivo y la Procuración, o a su silencio.
