Gobernados por el FMI: la consolidación del ajuste como eje del programa económico de Milei

La política económica de Javier Milei enfrenta problemáticas estructurales: A pesar del supuesto equilibrio fiscal, persisten las dificultades para acumular reservas, sostener la actividad económica y recomponer los ingresos de la población. En ese escenario, la dependencia del financiamiento externo y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelven a poner en discusión la sostenibilidad de un programa que busca ordenar las cuentas públicas mediante una fuerte reducción del gasto estatal. Las consecuencias de ese proceso no se limitan a las variables macroeconómicas, sino que repercuten sobre el empleo, el consumo y las condiciones de vida de millones de argentinos.

Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), dialogó con POLITICAR y cuestionó los fundamentos de la estabilización económica y advirtió que el resultado fiscal está asociado tanto al endeudamiento como al ajuste. “Esta estabilización que nos plantean y que nos quieren hacer ver con esta reducción de déficit fiscal depende mucho del financiamiento externo”, sostuvo. Su diagnóstico pone el foco en una de las principales debilidades del modelo: la necesidad de recurrir a la toma de deuda del exterior para sostener el esquema económico, mientras se reduce la intervención estatal en áreas que tienen un impacto directo sobre la vida cotidiana.

El director ejecutivo de FARN también describió cuáles son los sectores que soportan el costo del ajuste. Según señaló, el recorte del gasto público se concentra en áreas esenciales: “Fundamentalmente radica en el ajuste de la obra pública, las políticas sociales, de la jubilación, de la salud”. La reducción de recursos en estos sectores afecta tanto la capacidad del Estado para garantizar prestaciones como la actividad económica y el empleo. La obra pública, por ejemplo, moviliza trabajadores, empresas y proveedores, mientras que las políticas sociales y las jubilaciones contribuyen a sostener los ingresos de sectores que destinan buena parte de sus recursos al consumo básico.

Napoli vinculó directamente esas decisiones con los compromisos asumidos ante el organismo internacional. “Esto responde, sin duda, al plan de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, que ahora está pasando un poco la cuenta”, afirmó. La declaración pone en jaque la idea de que el equilibrio fiscal, por sí solo, sea suficiente para demostrar el éxito del programa económico. El cumplimiento de las metas acordadas con el FMI convive con dificultades para sostener los ingresos y con un recorte de la presencia estatal que puede trasladar parte de los costos del ajuste a los hogares. En este marco, la incógnita no pasa solamente por cuánto logra reducirse el déficit, sino también por cuáles serán las consecuencias sociales de las decisiones que permitan alcanzarlo.

La situación de los ingresos y el endeudamiento de los hogares expone otra ruptura en el endeble plan económico del Gobierno. Los datos incluidos en los informes del CEPA muestran un deterioro del poder adquisitivo y mayores dificultades para afrontar los gastos cotidianos. La desocupación se ubicó en el 7,9%, mientras que el salario mínimo perdió un 40,8% de su poder de compra desde noviembre de 2023 y la pobreza alcanzó al 32,3%. A ese cuadro se suma el crecimiento de la morosidad: la irregularidad en los créditos bancarios de las familias se duplicó en diez meses, mientras que en el financiamiento no bancario superó el 25%, con tasas que llegaron al 144%. El endeudamiento es utilizado como un recurso para cubrir necesidades básicas, en un contexto en el que los ingresos no alcanzan para acompañar el costo de vida.

Las exigencias del FMI son las que profundizan este escenario. En sus últimas declaraciones, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, respaldó las reformas del Gobierno, pero reclamó avanzar con nuevas reducciones de subsidios, especialmente en el sector energético. El planteo de que los precios internos reflejen los valores internacionales implica trasladar una mayor parte de los costos a los usuarios. Para los hogares, el impacto no se limita a la factura de gas o electricidad: un incremento de los servicios reduce el dinero disponible para alimentos, transporte, alquiler, medicamentos y otros gastos esenciales, deteriorando el consumo y ampliando la vulnerabilidad económica.

Según una encuesta de D’Alessio, IROL y Berensztein, el 65% señaló el costo de los servicios públicos como una de sus principales inquietudes, el 59% manifestó preocupación por la incertidumbre económica y el 57% por los gastos de salud. Además, el 66% consideró durante cuatro meses consecutivos que la economía estaba peor que un año atrás, mientras que el 70% afirmó encontrarse personalmente en una situación más desfavorable. Estos indicadores muestran una distancia entre los objetivos macroeconómicos que destaca el Gobierno y la percepción de quienes deben afrontar los gastos cotidianos. La estabilización pierde capacidad de generar expectativas positivas cuando no se traduce en una mejora concreta de las condiciones materiales de vida.

A las dificultades sociales se suma la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento. El FMI redujo su estimación para la Argentina en 2026: de un 4% inicial pasó al 3,5% y luego al 2,1%. La modificación expone los límites de una recuperación que todavía no consigue consolidarse de manera sostenida. A su vez, la composición de las inversiones anunciadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abre interrogantes sobre su capacidad para impulsar una mejora generalizada del empleo. Según el informe de CEPA citado anteriormente, el 99% de los US$138.000 millones comprometidos corresponde a proyectos mineros y de hidrocarburos, con una previsión de alrededor de 14.240 puestos de trabajo directos. El volumen de capital anunciado no garantiza, por sí mismo, una expansión del empleo suficiente para compensar las dificultades que atraviesan sectores como la industria manufacturera, el comercio y la construcción.

El recorte que realiza el Ejecutivo sobre la inversión pública adquiere especial relevancia en ese contexto. La obra pública no solo constituye una partida del presupuesto, también puede impulsar la actividad económica, sostener puestos de trabajo y dinamizar a empresas y proveedores locales. Su paralización afecta directamente a quienes pierden su empleo, pero también repercute sobre las economías regionales y los comercios que dependen de esa circulación de ingresos. En la entrevista, Napoli planteó que el mercado no puede reemplazar todas las funciones estatales y advirtió sobre las consecuencias de retirar recursos de áreas que requieren planificación y acción pública: “Nada de eso se hace cuando no hay inversión pública. ¿Cómo lo vamos a hacer? El mercado no lo va a hacer”. Su declaración permite dimensionar el problema más amplio de un Estado que reduce su capacidad de intervención mientras crecen las necesidades sociales.

La dependencia del FMI, por lo tanto, no constituye únicamente un problema de financiamiento. También condiciona las prioridades económicas y el margen de decisión del Estado. Los desembolsos y las metas fiscales forman parte de un esquema en el que la disponibilidad de recursos para sostener ingresos, servicios e inversión pública queda atravesada por los compromisos con el organismo. En ese marco, la reducción del déficit puede convertirse en un objetivo que desplaza otras necesidades, aun cuando la actividad económica y el consumo no muestran una recuperación suficiente. 

El respaldo del Fondo Monetario Internacional al Gobierno convive con proyecciones de crecimiento más bajas y con indicadores que reflejan las dificultades de amplios sectores para sostener sus condiciones de vida. Mientras el ajuste continúe concentrándose en la inversión pública, las prestaciones sociales y los subsidios, la pregunta central seguirá siendo quién paga el costo de la estabilización y cuánto tiempo puede sostenerse un modelo económico cuyos beneficios todavía no alcanzan de manera generalizada a la población.