Kicillof exige datos salariales todos los meses y la Rural le planta resistencia
La resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense obliga a todos los empleadores a declarar mensualmente sueldos y jornada. El campo salió primero a cuestionarla y pide que se revise.
El gobierno de Axel Kicillof les va a pedir a todos los empleadores bonaerenses que informen cada mes cuánto pagan y cómo controlan la jornada laboral. La Sociedad Rural Argentina ya salió a rechazar la medida y reclama que se revise.
La resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo, que conduce Walter Correa, crea el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos, conocido como F.U.T.U.R.O. Será voluntario desde diciembre y obligatorio desde enero de 2027.
Qué hay que declarar
El formulario tiene carácter de declaración jurada y se presenta de forma electrónica, con firma digital, a través del Portal de Trabajo. Cada empleador deberá consignar el período de liquidación, el monto total de salarios abonados con el detalle de conceptos remunerativos, no remunerativos y neto, y el método de control de jornada que usa.
La presentación es mensual y a mes vencido, con plazo hasta el último día hábil del mes siguiente. Las presentaciones tardías se aceptan, pero el sistema las identifica y pueden traer sanciones. La documentación debe conservarse al menos dos años, y no presentar el formulario o cargar datos falsos abre la puerta a multas.
La norma no apunta a un sector puntual: alcanza a todo empleador con domicilio legal o fiscal en la provincia, que explote establecimientos allí o que tenga trabajadores en su territorio.
El argumento oficial y el reproche del campo
Trabajo defiende el sistema como “una herramienta moderna, ágil, eficaz” para fortalecer el control y la fiscalización laboral. En los considerandos, la provincia habla de un proceso de modernización del Estado y de un estándar de intercambio digital de información previo a la inspección en el lugar de trabajo. Aclara además que el trámite es único y gratuito para no generar cargas económicas adicionales.
La Rural, que preside Nicolás Pino, lo ve al revés: un “retroceso en materia de simplificación administrativa” y un avance hacia controles excesivos que, según la entidad, aumentan los costos laborales y las cargas administrativas. Calificó la medida de “fuera de lugar” en un contexto que, a su juicio, exige promover producción, inversión y empleo, y apuntó especialmente a las pymes.
La entidad aclaró que las normas laborales deben cumplirse, pero advirtió que eso no puede significar “multiplicar trámites” ni trasladar de manera permanente nuevas obligaciones al sector privado. Pidió pasar a mecanismos de fiscalización que prioricen la simplificación.
Lectura política
Kicillof avanza con una herramienta de control que le da a su Ministerio de Trabajo información previa a las inspecciones, y lo hace en un terreno donde el sector empresario ya está atento a cualquier costo adicional. La Rural fue la primera en marcar la cancha, y la discusión pone otra vez frente a frente a la provincia con el sector productivo, con las pymes como argumento central de ambos lados. Falta ver si otras cámaras se suman al reclamo antes de que la obligación entre en vigencia en enero.
























