El campo le exige a Milei una ley para blindar la baja de retenciones
Las cadenas de maíz, trigo, girasol y soja quieren que el cronograma deje de depender de la voluntad presidencial. Un fallo de la Corte y un Congreso poco amigable complican la apuesta oficial.
Las entidades de las cuatro cadenas agrícolas principales (Asagir, Argentrigo, Maizar y Acsoja) le plantearon al Gobierno que mande al Congreso una ley para terminar con las retenciones. Quieren sacar el tema del terreno de la discrecionalidad y fijar por norma el camino hasta la eliminación de los derechos de exportación.
El pedido lo formuló el presidente de Maizar, Luis María Urriza, en un encuentro de fin de año del sector. Pidió una ley que defina el recorrido con «alícuotas y fechas ciertas», para que las inversiones puedan proyectarse sobre ese horizonte.
Una hoja de ruta con condicionante electoral
El Gobierno ya tiene su cronograma: bajas progresivas para los cultivos de la cosecha gruesa a partir de enero y un horizonte que llega a fines de 2028. Pero la continuidad queda atada a un factor político: los recortes seguirán solo si Javier Milei es reelegido.
Ahí está la grieta que el campo quiere cerrar. Urriza recordó que el oficialismo habla de un camino sin vuelta atrás, pero que el Código Aduanero todavía permite volver a subir las retenciones. Y aclaró que el sector acompaña el orden de las cuentas públicas del que depende la baja.
La Corte le recordó al Gobierno que tiene la carta en la mano
La mención al Código Aduanero no fue casual. La Corte Suprema confirmó recientemente un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal favorable a Louis Dreyfus Company, que reclamaba la devolución de los derechos de exportación por las subas decididas en 2007 y 2008, en plena pelea por la Resolución 125.
El Gobierno insiste en que su objetivo es eliminar las retenciones y no aumentarlas, pero conserva la herramienta legal para subirlas. Milei, en una entrevista con Eduardo Feinmann, admitió que todavía no las llevó a cero porque no tiene los recursos y que, si los tuviera, ya lo habría hecho.
Para la soja, la más castigada por tener la alícuota más alta, el reclamo es más urgente. Urriza sostuvo que las retenciones golpean a quien produce y a quien está más lejos del puerto. Con una baja magra, la siembra de soja apenas se mueve y por ahora no hay boom productivo.
Un Congreso donde el agro no es prioridad
El escenario legislativo no ayuda. La agenda agropecuaria no es prioridad para las principales fuerzas, aunque hay avances puntuales, como la norma contra el vandalismo rural.
La ley de biocombustibles, en cambio, se estancó tras la media sanción del Senado. Las pymes y las industrias no integradas hicieron sentir su peso en Diputados, y una fuente del sector que las defiende advirtió: «O avanza con cambios o no sale». El Consejo Agroindustrial, en el otro extremo, pide tratar el proyecto con espíritu de liberar la competencia en biodiésel.
En semillas, el sector espera el acuerdo que intenta impulsar la Secretaría de Agricultura para fijar los términos del uso propio oneroso.
La lectura política es nítida. El campo quiere convertir una promesa presidencial en ley antes de que 2027 reordene las fuerzas, y al Gobierno le cuesta soltar una herramienta que hoy le da margen fiscal. Con todos los actores mirando el calendario electoral, la discusión sobre las retenciones va a medir cuánto está dispuesto a ceder el oficialismo y cuánto poder de negociación tiene el agro en un Congreso que no lo tiene como prioridad.
























