Zabaleta quiere sacar a la Policía de las cautelares y le marca la cancha a la oposición
La directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior abre el debate sobre quién debe controlar las medidas de protección tras el caso de Paso de la Arena. Además, reclama más "seriedad" a quienes no votaron el proyecto oficialista sobre mujeres y microtráfico.
La directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, planteó que el seguimiento de las medidas cautelares no debería estar en la órbita de la Policía. En la misma intervención cuestionó a la oposición por no acompañar en comisión el proyecto del Frente Amplio sobre mujeres presas por microtráfico.
El planteo llega en una semana sensible: se difundieron las cifras de violencia doméstica y hubo una tentativa de femicidio en Paso de la Arena que puso bajo la lupa el sistema de tobilleras.
El caso que expuso al sistema
Según los datos de la semana, se registra un promedio de 114 denuncias diarias, una cada 13 minutos. Hubo un descenso del 2,4% en las denuncias, que Zabaleta atribuyó a que hay más herramientas de seguimiento de las cautelares.
En Paso de la Arena, un hombre logró quitarse la tobillera y llegó al domicilio de su expareja, a quien le disparó más de una vez; después se quitó la vida. La jerarca admitió que en los 13 años de funcionamiento de las tobilleras es uno de los primeros casos así. Dijo que se investiga dónde estuvo el error y que, aunque se establecerán responsabilidades, lo central es que «no se vuelva a repetir lo que estuvo mal».
Menos Policía, más Inmujeres
Zabaleta sostuvo que «con la tecnología sola no alcanza» y pidió ampliar la zona de exclusión para el agresor, que habitualmente es de 500 metros. A su juicio es poco ante una infracción: hay que darle tiempo a la Policía para llegar.
Fue más lejos y dijo estar convencida de que el control de las cautelares debería salir de la Policía. Propuso un abordaje más social e integral, que también proteja a niños, niñas y adolescentes, y dejar a los policías enfocados en la respuesta, la prevención y la cercanía en emergencias. Una opción, indicó, es que quede exclusivamente en manos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del Ministerio de Desarrollo Social.
Agregó que hay víctimas que no quieren ingresar al sistema de tobilleras. Por eso el Ministerio trabaja en herramientas de evaluación de riesgo al momento de la denuncia, profundiza la capacitación policial y elaboró una guía de preservación de la evidencia para delitos de violencia basada en género en el ámbito digital.
El proyecto del FA y el voto en soledad
Zabaleta defendió además la iniciativa frenteamplista para revertir el impacto del artículo 74 de la LUC en la cantidad de mujeres encarceladas por microtráfico. En la Comisión de Constitución de Diputados, el proyecto solo tuvo los votos del oficialismo.
«La violencia de género también está atravesada por el narcotráfico», afirmó. Explicó que hay mujeres obligadas bajo amenaza a vender droga o ingresarla a la cárcel, y otras retenidas y explotadas sexualmente por deudas de consumo. Pidió mirar el proyecto «con un poco más de seriedad».
Lectura política
Zabaleta abre dos frentes a la vez. Hacia adentro del Estado, propone correr a la Policía de una tarea que hoy tiene y trasladarla a Inmujeres, una discusión que toca competencias entre ministerios. Hacia afuera, intenta que la oposición pague costo político por no acompañar el proyecto sobre la LUC. El caso de Paso de la Arena le da el marco para empujar ambos planteos, aunque también la obliga a esperar el resultado de la investigación sobre la falla.
























