La Corte tumba la libertad de precios de las prepagas y reabre el control estatal
El máximo tribunal descolocó uno de los pilares desregulatorios del DNU 70/2023, pero no fijó cómo se calcularán las cuotas. Queda un vacío que ahora deberán llenar la Justicia y la Superintendencia.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, los que habían eliminado la intervención del Estado en las cuotas de la medicina prepaga. Con ese fallo, las empresas deberán volver a someter sus aumentos a la Superintendencia de Servicios de Salud.
El caso nació de la demanda de una afiliada cuya cuota subió 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. El fallo tiene efecto directo sobre ese expediente, pero sienta un antecedente para otros reclamos.
Vuelve la ley 26.682
Al quedar invalidados los artículos, recupera vigencia la ley 26.682. Esa norma le asigna a la Superintendencia la tarea de controlar que las cuotas sean razonables y de autorizar sus modificaciones.
El organismo deberá evaluar cada pedido según la estructura de costos de cada empresa y un cálculo actuarial razonable de los riesgos. Una suba ya no dependería solo de la decisión comercial de la compañía.
Sin fórmula y sin tope por inflación
La Corte confirmó en forma parcial la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Respaldó la inconstitucionalidad, pero revocó el tramo que había atado los aumentos al IPC. La inflación, entonces, no funciona como techo automático.
El expediente vuelve a la Sala 2 de esa Cámara, que deberá dictar un nuevo pronunciamiento y fijarle a la Superintendencia un criterio para aprobar las subas. Hasta que lo haga, el ente regulador no tiene cómo aprobar ni rechazar aumentos.
Qué queda abierto
El fallo no ordena bajar las facturas en general ni devolver lo cobrado desde que se liberaron los precios. Cualquier restitución dependerá de los reclamos administrativos o judiciales de cada afiliado. Para sostenerlos conviene guardar facturas anteriores y posteriores a los aumentos, comprobantes de pago, comunicaciones de la empresa y condiciones del plan.
Tampoco se sabe desde cuándo se exigirá la autorización previa, qué indicadores usará la Superintendencia ni cómo tratará los incrementos ya aplicados. La Corte, además, tiene cerca de 500 causas parecidas pendientes, aunque cada una se resolverá según su prueba.
La lectura política es doble. El tribunal le marca un límite a una pieza central de la desregulación del DNU 70/2023, y el costo de ordenar la transición recae ahora sobre el Gobierno, a través de la Superintendencia. Las prepagas, que operaron con precios libres casi dos años, entran en un período de incertidumbre. No hay fórmula y la definición queda en manos de una Cámara de La Plata y del organismo regulador.
























