El oficialismo avanza solo en Diputados con su retoque a la LUC sobre drogas en cárceles
La Comisión de Constitución aprobó el proyecto del Frente Amplio sin votos opositores y el debate sobre el legado de la LUC sigue abierto. En paralelo, el INIA pide sacar sus artículos de la ley de competitividad y busca otra vía.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó con los votos del oficialismo, y solo con ellos, el proyecto del Frente Amplio que modifica un artículo de la ley de urgente consideración (LUC). El cambio baja de cuatro a dos años la pena por ingresar drogas a las cárceles.
La iniciativa toca una de las normas más emblemáticas de la coalición anterior y la discusión se juega ahora en un terreno político, más allá del técnico.
Los números del FA
El argumento del oficialismo es social. Sostiene que, por la aplicación de ese artículo, la cantidad de mujeres presas pasó de 700 a 1.400 y que hay 62 niños viviendo con sus madres en prisión.
Con esas cifras, el Frente Amplio busca correr el debate del terreno de la mano dura al de las consecuencias de la norma.
Reproche a la oposición
El diputado Alejandro Zavala se mostró sorprendido por la postura opositora. Calificó de “rara” la actitud de la oposición, porque había entendido que existía disposición a atender el problema.
El reproche deja marcada la grieta: el oficialismo cuenta con los votos en comisión, pero el proyecto avanzó sin acompañamiento de los otros partidos.
El INIA pide salirse de la ley de competitividad
En otro frente parlamentario, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria propuso quitar del proyecto de ley de competitividad del Poder Ejecutivo los artículos que lo involucran. Esas disposiciones habían generado reparos entre funcionarios y algunas organizaciones.
El instituto dice que busca un consenso antes del 30 de junio de 2027. Plantea dos caminos: un proyecto de ley propio o la próxima rendición de cuentas.
Lectura política
El Frente Amplio muestra que, con mayoría en comisión, puede mover sin la oposición una pieza sensible de la herencia legislativa de la coalición anterior, y lo hace con un argumento de impacto social. Al Ejecutivo, en cambio, el reclamo del INIA le abre un costado incómodo en una ley que quería de competitividad y que ahora enfrenta objeciones de adentro del sistema productivo. El instituto ya fijó una fecha límite para negociar.
























