La Corte golpea el DNU 70 y obliga al Gobierno a decidir qué hace con las cuotas de las prepagas
El tribunal declaró inconstitucional la liberación de precios que Milei firmó en diciembre de 2023. Las empresas hablan de "enorme preocupación" y la Casa Rosada guarda silencio.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70 que liberaron las subas de las cuotas de la medicina prepaga y abrió un frente inesperado para el Gobierno. Las empresas del sector admiten una «enorme preocupación» y esperan, sin certezas, qué decidirá el Ejecutivo.
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz confirmaron, en la causa «Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical», el rechazo de un tribunal inferior a los artículos 267 y 269 del decreto. El argumento de fondo es institucional: no vieron razones de urgencia para que el Poder Ejecutivo modificara una ley por decreto en lugar de enviar un proyecto al Congreso.
Un fallo con alcance limitado, pero con efecto dominó
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que la sentencia rige solo para la persona que demandó. Es decir, no obliga al Gobierno a fijar un esquema de regulación de precios.
Pero el antecedente pesa. Fuentes judiciales indicaron que en la propia Corte hay «cientos de casos similares», lo que alienta a otros usuarios a litigar. Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), advirtió que reabrir la discusión puede desatar «una nueva ola de litigiosidad, con consecuencias económicas potencialmente multimillonarias».
Las prepagas piden diálogo y reglas claras
El sector sostiene que sus cuotas acumulan un retraso de 18% frente a la inflación entre enero de 2012 y octubre de este año. Según las empresas, esa brecha se fue achicando desde que rige el DNU. También reclaman previsibilidad: desde mediados de 2024 los aumentos mensuales son cercanos al IPC del Indec.
En un comunicado, la UAS expresó su «respeto por las decisiones adoptadas por las instituciones de la República» y reclamó un diálogo que los incluya como actores del sistema. Insistió en que las inversiones y la incorporación de tecnología requieren reglas sostenibles. Desde el Gobierno no hubo respuesta sobre los próximos pasos.
El consultor Patricio Pasman planteó que no está claro qué ocurre con lo ya aplicado, porque el fallo rige para un solo caso. Y consideró que, hacia adelante, podría volver el Índice de Costos de Salud, el mecanismo que se usó antes del decreto. Ese índice, creado en 2022, definió durante un año y medio los topes de aumento.
Una herida que viene de 2024
El origen de los juicios está en la liberación de diciembre de 2023: las cuotas subieron alrededor de 150% en promedio en solo cuatro meses de 2024. El Gobierno reaccionó recién en abril, cuando las repercusiones negativas ya eran fuertes.
Después llegaron la acusación de cartelización, un pedido de investigación impulsado por referentes de la Coalición Cívica y un acuerdo judicial entre el Gobierno y las prepagas, que incluyó una suspensión temporal de esa parte del decreto. El exlegislador porteño Hernán Reyes, uno de los impulsores de los reclamos contra los aumentos, celebró el fallo.
Lo que viene: se espera que la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dicte una nueva sentencia que aclare los alcances de lo resuelto.
Lectura política
El revés judicial vuelve a poner en el centro uno de los capítulos más incómodos de la desregulación: el bolsillo de millones de afiliados. Además, deja al Ejecutivo ante una disyuntiva: enviar al Congreso lo que quiso resolver por decreto o esperar la avalancha de reclamos. Para las empresas, la señal es ambigua: el fallo no frena los aumentos hoy, pero reabre un riesgo regulatorio que creían superado.
























