La Corte frena a Milei en las prepagas y repone el control estatal sobre las cuotas
Con los tres jueces firmando en el mismo sentido, el máximo tribunal descartó que el DNU 70/23 tuviera una justificación de urgencia. La Superintendencia de Salud vuelve a tener la lapicera para revisar los aumentos.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, los que le permitían a las prepagas fijar libremente el valor de sus cuotas. El fallo fue unánime y le pega a una de las medidas de desregulación económica con las que Javier Milei inició su gestión.
La decisión confirma, en lo central, una sentencia de la Cámara Federal de La Plata. Lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Un aumento del 110% como punto de partida
El caso es el de una mujer que denunció que la cuota de su plan de salud había subido un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según su planteo, con la resolución anterior del Ministerio de Salud el aumento de enero de 2024 habría sido del 6,26%.
A la Corte llegaron recursos de la prepaga demandada y del propio Estado Nacional. El tribunal confirmó la inconstitucionalidad de los dos artículos, pero revocó un punto de la cámara: la orden a la empresa de limitar los aumentos al porcentaje del IPC.
La Superintendencia vuelve al ruedo
El efecto práctico es que la Superintendencia de Salud tendrá que reasumir sus competencias. Deberá revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones, y fiscalizar que los aumentos sean razonables. Esos ajustes tienen que estar fundados «en variaciones en la estructura de costos» y en un razonable cálculo actuarial de riesgos.
Sin urgencia, no hay decreto
El núcleo del fallo es un límite a la facultad del Poder Ejecutivo de legislar por decreto, que la Corte recordó que es excepcional. Los jueces sostuvieron que los considerandos del DNU no ofrecen una mínima justificación de las circunstancias excepcionales que motivaron el cambio.
Para el tribunal no alcanza con invocar una «crisis del sistema de salud» ni la necesidad de «aumentar la competitividad». Esas consideraciones genéricas no demuestran una urgencia incompatible con el trámite normal de una ley. Tampoco se acreditó, según la Corte, una relación concreta entre la emergencia económica y social invocada y la supresión de las facultades de control de la autoridad de aplicación.
Lectura política
El golpe excede a las prepagas. La Corte le marca a la Casa Rosada que la emergencia no es un cheque en blanco para gobernar por DNU y que debe justificarse con hechos concretos. La advertencia puede alcanzar a otros capítulos del mismo decreto que siguen en discusión. Para el Gobierno, el fallo reabre un frente en un área sensible, justo cuando el costo de las cuotas pesa en el bolsillo de millones de afiliados.
























